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En entrevista con Sheila Amador para MVS Noticias, Abel Barrera Hernández, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció una crisis humanitaria en la montaña baja de Guerrero, donde comunidades indígenas enfrentan desplazamientos masivos, asesinatos y ataques con drones por parte del crimen organizado.
Abel Barrera Hernández describió un escenario "caótico" en el municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) y Chilapa. Desde el pasado 9 de mayo, grupos armados irrumpieron en diversas localidades indígenas, provocando una ola de violencia que ha dejado viviendas quemadas, ganado muerto y cuerpos abandonados en las carreteras.
"Son cuatro comunidades donde la gente ha salido porque desde el 9 de mayo irrumpieron los del grupo armado... el 9 tomaron Tula, el 10 tomaron Chicotlán. Lo inaudito es que no hay presencia de las autoridades, del ejército, de la guardia", señaló Barrera Hernández a MVS Noticias.
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Cifras en disputa y víctimas vulnerables
El director de Tlachinollan cuestionó las cifras oficiales de desplazados, señalando que la mayoría de los afectados no han podido ser contabilizados porque se encuentran escondidos en zonas de difícil acceso o bajo el resguardo de la iglesia en Alcosacán.
"El gobierno habla de 96 (desplazados), pero ellos mismos dicen: ¿quién le dio esa cifra al gobierno? Si muchos de nuestros paisanos están en el cerro... ellos hablan de más de mil. La mayoría son niños y ancianos, los que más se deben atender porque están en una situación de mucha vulnerabilidad".
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El uso de drones y la destrucción patrimonial
La táctica del crimen organizado ha evolucionado hacia el uso de tecnología para amedrentar a la población civil, destruyendo la precaria infraestructura de las comunidades indígenas que ya de por sí carecen de clínicas y escuelas.
"Están usando drones, están aventándolos a las viviendas, hay viviendas quemadas... el poco ganado, como chivos, se han perdido. Las pocas pertenencias que tiene la gente las ha perdido".
Barrera Hernández subrayó que la presencia de figuras como el subsecretario de asuntos políticos estatal y la posible visita de la gobernadora y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, debe traducirse en un acompañamiento integral y no solo en una "presencia testimonial" que se retire al poco tiempo, dejando a las comunidades a merced de represalias.
"La gente lo que ha pedido es presencia de los cuerpos de seguridad que sean efectivos... que realmente actúen y si hay gente armada, pues que procedan a desarmarlos", concluyó.