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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Jesús Plácido Galindo, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata de la Montaña Baja de Guerrero, habló sobre las denuncias de comunidades indígenas por presunto desplazamiento forzado a manos del grupo criminal “Los Ardillos”.
La Montaña Baja de Guerrero enfrenta una grave crisis humanitaria tras una ola de ataques con drones y armamento pesado por parte del grupo criminal 'Los Ardillos'. Galindo, expuso la cruda realidad de las comunidades afectadas y contrastó fuertemente la versión oficial del gobierno.
La magnitud del desplazamiento: Cifras y daños
El promotor indígena detalló que la violencia ha provocado el desplazamiento forzado de más de 100 familias, afectando principalmente a las comunidades de Tula, Xicotlán, Cautlán y Alcosacán. Durante seis días de agresiones, se reportaron incendios de viviendas, vehículos y la pérdida total de víveres.
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La tragedia obligó a mujeres, niños y personas de la tercera edad a huir y dormir a la intemperie en los montes, bajo la lluvia y la oscuridad, esperando un auxilio que tardó en llegar.
Además, Plácido Galindo denunció que la violencia histórica en la región ha dejado un saldo letal de 76 personas asesinadas y 25 desaparecidas a lo largo de los años.
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Choque de narrativas: ¿Conflicto de cárteles o agresión a civiles?
Mientras el gobierno federal ha catalogado el incidente como un enfrentamiento entre grupos delictivos rivales y ha apostado por privilegiar el diálogo, las comunidades rechazan tajantemente esta postura.
Según el testimonio, la escalada de violencia reciente ocurrió luego de que el 6 de mayo las autoridades retiraran tres bases de seguridad que protegían a la comunidad de Tula.
"No es un grupo de entre dos cárteles, como menciona Harfuch, sino es hacia las poblaciones que están atacando. Nosotros no tenemos ametralladoras, no tenemos drones, no tenemos armas de calibre 50", afirmó contundentemente Plácido Galindo.
El activista criticó que las autoridades se sienten a negociar con el crimen organizado como si se tratara de un pleito entre vecinos, ignorando la asimetría de fuerzas.
Omisión institucional y presuntos nexos políticos
Un ángulo crítico de la denuncia ciudadana fue la acusación de presuntos nexos entre autoridades locales y 'Los Ardillos'. Plácido Galindo señaló directamente a la presidenta municipal de Chilapa de ser cuñada de Celso Ortega, líder del grupo criminal, y de operar bajo sus órdenes junto con otros municipios de la región. Además, acusó a la alcaldesa de robar los recursos públicos destinados a los pueblos indígenas nahuas.
"Es imposible que un gobierno haga ese tipo de papel [...] vimos que dialogaron con 'Los Ardillos' como si fuéramos iguales, y la realidad eso no es, no están resolviendo la demanda de origen", sentenció el promotor.
A pesar de que el Estado ha enviado elementos de la Guardia Nacional y restablecido servicios básicos como la luz, entregando despensas y colchonetas, la comunidad lo considera una "simulación" mediática.
Quienes decidan regresar a sus hogares lo harán bajo un profundo temor y enfrentando un abandono institucional severo, en comunidades sin médicos, sin medicamentos y sin escuelas