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La reciente aprobación de una ley que modifica el sistema de ahorro para el retiro en México ha generado un intenso debate y preocupación entre expertos y ciudadanos. En entrevista con Yonathan Amador en ausencia de Sheila Amador, para MVS Noticias, la senadora Claudia Anaya ha sido una de las voces más críticas, alertando sobre las implicaciones de permitir que un porcentaje de los fondos de las Afores se destine a la inversión en proyectos de infraestructura gubernamental.
La inquietud principal radica en la opacidad de los mecanismos de inversión y la potencial exposición de los ahorros de los trabajadores a proyectos con viabilidad financiera cuestionable.
Nueva ruta del dinero de las Afores
Históricamente, el artículo 43 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro ha facultado a la junta del Consar para delimitar los márgenes de inversión de las Afores. Desde 2002, se ha mantenido un límite del 8% para la inversión en vehículos bursátiles como los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), manejados por empresas como BlackRock. Estos CKD, según la senadora Anaya, "estudiaban las viabilidades de los proyectos" para asegurar rendimientos.
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Sin embargo, la nueva ley introduce un instrumento financiero adicional: el Vehículo de Propósito Específico (VPE). La senadora Anaya explica el nuevo esquema:
"La AFORE invierte en certificado de capital de desarrollo, fondos como Black Rock y demás. Estos certificados de capital de desarrollo van a invertir en el vehículo de propósito específico. Los vehículos de propósito específico van a invertir en las obras de infraestructura de gobierno".
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¿Quién define la viabilidad? El Riesgo de proyectos con números rojos
La principal crítica de la senadora Anaya se centra en la falta de órganos reguladores independientes que verifiquen la viabilidad financiera de los proyectos.
“¿Quién define la viabilidad? Todo eso lo definen los comités que marca la ley, ¿quién integra los comités? El gobierno", afirmó.
Esta situación abre la puerta a la inversión en proyectos que han demostrado no ser financieramente viables. La senadora citó ejemplos preocupantes:
"Lo que va a pasar es que se pueden invertir en proyectos como el tren Maya que tienen pérdidas diarias de 7 millones de pesos y ahí está nuestro dinero, o el aeropuerto Felipe Ángeles que también se maneja básicamente en números rojos”, sentenció.
El Estado como aval: Un pasivo contingente que amenaza la calificación crediticia
Otro punto crítico es el papel del Estado como aval de estas inversiones. Si un proyecto financiado con fondos de Afores llega a "tronar financieramente", el Estado lo pagaría. La senadora Anaya cuestiona: "¿Con qué dinero? Pues tiene que ser necesariamente con un préstamo porque el dinero no está, tan no está el dinero en el gobierno que por eso tienen que hacer leyes como esta".
Estos compromisos del gobierno se registrarán como pasivos contingentes, que, según la Ley de Contabilidad Gubernamental, no se incluyen en la deuda neta total del país. Sin embargo, esta práctica es una preocupación para las calificadoras internacionales.
La consecuencia más grave de esta situación es el riesgo para la calificación crediticia de la deuda soberana de México.
"Es una locura porque pone en riesgo la calificación crediticia de la deuda soberana de México. Si perdemos grado de inversión se nos van a disparar los intereses y no va a haber quiénes quieran prestar," sentenció Anaya.
La nueva ley de Afores, al permitir la inversión en proyectos de infraestructura gubernamental a través de VPEs y con el Estado como aval, introduce un nivel de riesgo sin precedentes para los ahorros de los mexicanos.
La falta de transparencia en la selección de proyectos, la posibilidad de financiar obras con pérdidas y el impacto en la calificación crediticia del país son preocupaciones que exigen una revisión profunda y un debate público más amplio.
La senadora Claudia Anaya ha puesto el dedo en la llaga de un tema que podría tener consecuencias financieras de gran calado para el futuro de México.