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En entrevista con Ana Francisca Vega, para MVS Noticias, platicamos con José Mario de la Garza, presidente de la asociación Perteneces A.C., sobre un caso sumamente delicado donde una ciudadana fue sancionada por violencia política de género en WhatsApp. El experto advirtió que este fallo abre una puerta peligrosa para que conversaciones privadas, muchas veces descontextualizadas, acaben en manos de terceros y se utilicen como pruebas en tribunales para imponer sanciones.
La ruptura de la privacidad y el origen de la prueba
El caso se originó a partir de una conversación en un chat personal donde una activista emitió opiniones críticas sobre el desempeño de una funcionaria pública. La prueba central de la sentencia fueron pantallazos (screenshots) de WhatsApp entregados por un tercero que, tras participar en la charla, comenzó a trabajar con la diputada demandante.
Foto: Canva
De la Garza subrayó que la diputada no era parte de la conversación, siendo una persona extraña al chat privado, lo que convierte la obtención de estos mensajes en una intervención de comunicaciones ilícita. "Es un delito que alguien utilice mis conversaciones privadas para llevarlas a un tribunal", dijo, calificando la situación como "el mundo al revés", pues se sanciona a partir de una prueba obtenida ilegalmente.
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Ilegalidad de la prueba y libertad de expresión
Desde el análisis jurídico, José Mario de la Garza recordó que en México existe un criterio claro: cualquier prueba obtenida de forma ilegal no tiene valor probatorio. La Constitución protege las comunicaciones privadas y solo un juez puede ordenar su intervención; de lo contrario, su uso en un juicio es ilícito.
Además, el experto señaló que las opiniones están protegidas por la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de críticas severas hacia funcionarios públicos y su desempeño. El hecho de que un tribunal electoral valide estas capturas de pantalla como base de una sentencia definitiva representa una amenaza a la privacidad, dejando a cualquier ciudadano vulnerable a ser demandado por lo que opine en chats privados con amigos.
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Un "cajón de sastre" y un precedente preocupante
Otra preocupación manifestada en la charla con Ana Francisca Vega es el uso extensivo del concepto de violencia política de género. De la Garza advirtió que los tribunales lo están utilizando como un "cajón de sastre" para incluir cualquier tipo de demanda, permitiendo que conversaciones privadas quepan en esa definición.
Foto: Cuartoscuro
Este caso sienta un precedente preocupante que podría multiplicarse en otros tribunales del país. Debido a la división de facultades, estas sentencias del Tribunal Electoral son definitivas y no pueden ser revisadas por la Suprema Corte, lo que deja a las personas sancionadas sin vías de recurso adicionales para proteger su derecho a la privacidad y a la libre expresión.