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Salón de belleza en el Senado: lo que se sabe del regreso de los privilegios con recursos públicos

La periodista Leti Robles abordó la polémica por el regreso del salón de belleza en el Senado de la República, ante la falta de un informe claro que determine si su operación implica un uso indebido de recursos públicos.

Salón de belleza en el Senado de la República reavivó el debate sobre privilegios y austeridad.
Salón de belleza en el Senado de la República reavivó el debate sobre privilegios y austeridad. Créditos: Cuartoscuro/ Canva
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Entrevista a Jonathan Lomelí

En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca, la periodista Leti Robles abordó la polémica por el regreso del salón de belleza en el Senado de la República, un hecho que reavivó el debate sobre privilegios y austeridad, luego de que el espacio fuera clausurado en 2018 bajo la bandera de la austeridad republicana.

Tras el escándalo, hoy persisten las dudas sobre quién autorizó el uso de un inmueble público para beneficio privado y bajo qué condiciones opera ese servicio dentro de la Cámara Alta.

De la clausura al regreso “en secreto” del salón de belleza en el Senado  

En septiembre de 2018, por instrucciones del entonces presidente del Senado, Ricardo Monreal, se ordenó el cierre de la estética y peluquería al considerarlas prácticas de privilegio incompatibles con la política de austeridad. Sin embargo, de acuerdo con la investigación de Leti Robles de la Rosa, en septiembre de 2024 un grupo de senadoras de Morena,  antes diputadas, impulsó la reapertura del espacio, ubicado en instalaciones que existen desde 2007.

La promoción del salón se habría hecho de forma discreta, mientras la atención pública estaba concentrada en la reforma al Poder Judicial. Según lo documentado en MVS Noticias, el servicio operaba para un uso “muy petit”, dirigido exclusivamente a legisladoras de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde.

¿Servicio institucional o privilegio selectivo?

Aunque oficialmente se ha dicho que el salón estaba disponible para personal del Senado, testimonios recabados por Robles indican lo contrario. Un caso emblemático es el de una senadora del PRI que, tras ser invitada por una colega de Morena, intentó solicitar el servicio. Al informar su filiación partidista, se le indicó que debía pedir cita con varios días de anticipación por falta de espacio, lo que la obligó a buscar atención fuera del recinto legislativo.

Óscar Palomera, secretario general de Servicios Administrativos, informó que el inmueble fue “prestado” a una estilista y que las senadoras cubrían sus gastos. No obstante, dicha versión no cuenta con contratos públicos, facturación ni mecanismos de transparencia que respalden los ingresos del particular que utiliza un inmueble federal.

Salón de belleza en el Senado: Argumentos oficiales vs. críticas por opacidad

Desde la presidencia del Senado se ha justificado el servicio como una necesidad logística para legisladoras que llegan de vuelos nocturnos o deben presentarse de inmediato a sesiones. Sin embargo, la crítica periodística señala que no existe justificación para que una servidora pública no pueda arreglarse en su domicilio, como ocurre con millones de trabajadores que cumplen horarios estrictos sin concesiones especiales en sus centros de trabajo.

En 2017, un reporte interno reveló que los precios del salón eran hasta 300 % más altos que en establecimientos externos. El cierre original ocurrió luego de que una senadora fuera captada tiñéndose el cabello durante una sesión del pleno, lo que desató un escándalo mediático.

Entre las legisladoras mencionadas como usuarias frecuentes figuran Juanita Guerra, Blanca Judit Díaz, Simey Olvera y Ana Karen Hernández. Andrea Chávez aparece en los registros, aunque ella ha negado públicamente haber usado el servicio

Para concluir, la periodista Leti Robles señaló que la ausencia de un padrón público de usuarias y de información sobre los pagos mantiene abierta la polémica sobre si el salón representa un uso indebido de recursos públicos. Por ahora, el espacio permanece cerrado, mientras crecen las exigencias de rendición de cuentas en la Cámara Alta.