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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Ignacio Morales Lechuga, abogado y ex procurador, habló sobre la Corte atrae caso Mario Aburto para resolver sentencia por magnicidio de Colosio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de Mario Aburto, sentenciado por el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, para resolver de manera definitiva si la pena que se le impuso es jurídicamente válida. El debate sobre Mario Aburto vuelve al centro de la agenda nacional, no solo por la carga histórica y política del magnicidio, sino por las implicaciones legales que podrían derivar en su situación jurídica actual.
SCJN atrae caso Mario Aburto
Ignacio Morales Lechuga, abogado y ex procurador general de la República, explicó que la clave del análisis está en la competencia y en la ley aplicable al momento de los hechos. Para contextualizar, recordó precedentes históricos: “Cuando asesinan a Álvaro Obregón en 1929, siendo presidente electo, el caso fue juzgado por el fuero común. Nunca se federalizó la competencia”, señaló.
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Morales Lechuga subrayó que, en 1994, año del homicidio de Colosio, la Constitución aún no contemplaba la figura de atracción por conexidad. “Esa reforma se hizo después del asesinato. En consecuencia, no se puede aplicar de manera retroactiva, porque violaría el artículo 14 constitucional”, afirmó. Esto cobra relevancia directa en el caso de Mario Aburto, ya que el delito fue cometido contra un particular y no contra un funcionario federal en funciones.
¿Qué le espera a Mario Aburto?
El ex procurador explicó que, conforme a la legislación de Baja California vigente en ese momento, el homicidio tenía una pena máxima de 30 años de prisión, incluso con agravantes. “La ley federal establecía hasta 45 años, pero no era la aplicable. Si se usa la federal, se estaría invadiendo una competencia local”, puntualizó. Bajo esa lógica, sostuvo: “Aunque no nos guste políticamente, la ley es la ley. Y en este caso, son 30 años, que ya fueron superados, porque Mario Aburto lleva más de 34 años en prisión”.
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Sobre el desenlace, Morales Lechuga fue cauto. “No sabemos cómo lo va a resolver la Corte, es impronosticable. He visto argumentos fuera de la Constitución y de los principios de derechos humanos, así que prefiero reservarme”, dijo. Estimó, no obstante, que el debate podría resolverse en un plazo de dos a cuatro meses.
La decisión de la SCJN marcará un precedente clave sobre la aplicación retroactiva de la ley penal y el respeto a las competencias locales. El futuro legal de Mario Aburto dependerá de si la Corte privilegia la estricta legalidad histórica o una interpretación más amplia del caso que, a más de tres décadas, sigue dividiendo opiniones en México.