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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Carlos Arrieta, periodista en Michoacán, abordó el tema de el crimen organizado aumenta cuotas de extorsión a limoneros de Michoacán.
En Michoacán, la situación para los limoneros se ha vuelto crítica. La extorsión por parte de cárteles está afectando directamente la producción y sostenibilidad de esta importante industria agrícola.
Arrieta expuso cómo grupos criminales como Los Viagras han aumentado sus cobros a cuatro pesos por kilo de limón, una acción que pone en jaque a agricultores y empacadores.
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¿Por qué los limoneros de Michoacán están en crisis?
La presión que enfrentan los limoneros es alarmante. Según Arrieta, "los criminales se han convertido en empresarios que obligan a los intermediaros a pagar impuestos tributarios".
Las víctimas de esta situación son los productores, quienes deben asumir estos costos adicionales que impactan sus ingresos. El costo de producción se ha vuelto tan alto que muchos pequeños agricultores se ven obligados a cesar sus actividades.
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Para aquellos con menor superficie de cultivo, pagar a los trabajadores y a la extorsión ya no es rentable. "Hoy ya se quedaron sin cortar", señala Arrieta.
Los empresarios limoneros se quejan de que, ante el incremento de los cobros, las ganancias son mínimas. Arrieta detalló que "los empaques tienen que descontar el costo de extorsión del precio que fijan a los productores".
¿Cuál sería la solución de este problema?
A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la extorsión persiste. "Los operativos y detenciones no han sido suficientes para frenar a esta organización criminal" afirmó.
En este contexto, los productores limoneros están atrapados entre un sistema de extorsión violento y un mercado cada vez más difícil de manejar. La Guardia Nacional ha establecido bases en puntos clave, pero según Arrieta, "no han podido frenar el control que los cárteles ejercen sobre la industria".
La situación es significativa, ya que se estima que estas organizaciones han recaudado cerca de 12 mil millones de pesos a través de este impuesto que afecta la economía de miles de familias. Esta situación resalta la fragilidad del sector agrícola, y plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias de seguridad.