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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, habló sobre el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas.
El reciente asesinato de Ernesto Vázquez, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, ha encendido las alertas sobre la creciente violencia en ese estado. Mientras la FGR vincula el ataque con decomisos de huachicol, Hernández ofreció un análisis crítico del caso y del contexto en el que ocurre.
“Cuando hay este tipo de asesinatos suelo adoptar un enfoque un poco más escéptico, porque esa es la actitud que tiene que tomar un detective cuando uno llega a una escena del crimen”, afirmó. Aunque la hipótesis del huachicol es plausible, recalcó que aún no hay pruebas concluyentes.
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Tamaulipas: una zona de guerra
Para Hernández, Tamaulipas es uno de los estados que más evidencia el fracaso de la estrategia de seguridad federal. A pesar de la presencia de marinos, militares y Guardia Nacional, la violencia persiste.
“Tamaulipas es abiertamente una zona de guerra. No le pide nada a Afganistán ni a Irak ni a Yemen”, sentenció el especialista, criticando la falta de resultados tangibles tras años de despliegues federales.
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Hernández también cuestionó la narrativa gubernamental que presenta este tipo de atentados como señal de éxito. “Es exactamente la misma narrativa que utilizaba en su momento Felipe Calderón: si hay violencia, es porque vamos ganando”, advirtió.
En su opinión, este discurso puede tener un doble filo: por un lado, justificar la estrategia federal; por el otro, ocultar la falta de protección real a los funcionarios.
¿Qué es lo más preocupante de esta situación?
Una de las mayores preocupaciones expresadas por Hernández fue la escasa protección a funcionarios en zonas de alto riesgo. “Es francamente impensable que el delegado de la FGR en Tamaulipas no saliera en su vehículo blindado o no trajera escoltas”, criticó.
Hernández recordó que casos como el del exsecretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch, también demostraron deficiencias en seguridad personal, incluso con altos mandos.
“El gobierno mexicano no presta atención a los servicios de escolta a la protección ejecutiva de sus funcionarios. Y eso ya no basta”, afirmó. Además, cuestionó el abandono del Servicio de Protección Federal, que debía ser la instancia encargada de garantizar la integridad de los funcionarios públicos.
¿Narrativas o gobernanza criminal?
Finalmente, el especialista alertó sobre el uso político de estos crímenes, ya que podrían encubrir complicidades entre grupos delictivos y autoridades.
“Narrar los asesinatos de funcionarios solo como reacción del crimen puede alimentar la narrativa de ‘vean que también lo estamos haciendo como gobierno’”, dijo.
Para Hernández, estos asesinatos pueden obedecer a dos factores: la ausencia de políticas de protección y el modelo de gobernanza criminal, donde persisten acuerdos tácitos entre políticos y el crimen organizado.