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En entrevista para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 en México y Centroamérica, habló sobre el impacto del delito de ciberasedio regulado en Puebla y los riesgos que representa para la libertad de expresión.
El artículo 480 del Código Penal de Puebla, que tipifica el delito de “ciberasedio”, ha generado una fuerte preocupación entre organizaciones de derechos humanos y periodistas, quienes advierten que la ambigüedad de su redacción puede convertirse en un mecanismo de censura contra la ciudadanía y la prensa.
¿Libertad de expresión en riesgo?
De acuerdo con Leopoldo Maldonado, la norma aprobada por el Congreso poblano abre la puerta a que cualquier persona que se sienta ofendida en redes sociales interponga denuncias penales, incluso si se trata de funcionarios o figuras públicas. El Ministerio Público tendría la facultad de decidir si un comentario o nota es de “interés periodístico”, lo que, en la práctica, genera un efecto intimidatorio contra el ejercicio de la libertad de expresión.
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"Lo que se garantiza, de entrada, es que, si una persona se siente ofendida, véase en el contexto actual una persona que aspira a un cargo público o que es una política en funciones o un político en funciones en algún cargo, puede perfectamente interponer su denuncia y el Ministerio Público ya valorará si la nota es de interés público o no, de interés periodístico o no, si va conforme a los tratados internacionales y a la Constitución, es decir, ya la carpeta de investigación se va a abrir porque el delito es tan ambiguo que se tiene que investigar y evidentemente esto ya genera un efecto amedrentador", señaló Maldonado.
"Lo que vemos hacia adelante es que, si el Poder Judicial de la Federación es consecuente con sus precedentes en materia de libertad de expresión, así esperamos que sea, a pesar del cambio que se avizora este 1 de septiembre, pues tendría que declarar la inconstitucionalidad de este delito", agregó.
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Aunque la legislación fue promovida bajo el argumento de proteger a mujeres e infancias de la violencia digital, organizaciones señalan que ya existían disposiciones legales en esa materia, y que la reforma solo añade riesgos al debate público. Según Maldonado, este tipo de medidas forman parte de un “autoritarismo legal” que erosiona la democracia al convertir al Estado en juez del discurso ciudadano.
"Estamos viviendo un tiempo muy peligroso de erosión democrática, y en el caso específico de este tipo de legislaciones, algo que se le ha denominado autoritarismo legal. Es decir, pues sí, el Congreso en el uso de sus facultades legisla, incorpora normas, pero son normas que van en contra de las libertades democráticas", aseveró Leopoldo Maldonado.
La estrategia de defensa incluye amparos promovidos por colectivos como Voz de los Desaparecidos en Puebla, la Red de Búsqueda de Personas y periodistas locales. Algunos han sido admitidos por juzgados federales, mientras otros fueron desechados, lo que refleja criterios dispares dentro del Poder Judicial.
Organizaciones denuncian un retroceso democrático en la legislación poblana
El caso ha prendido alertas a nivel nacional, pues iniciativas similares han estado en discusión en congresos de otros estados como Sinaloa y Estado de México. Para Artículo 19 y organizaciones acompañantes, estas propuestas reflejan una tendencia peligrosa: el uso del derecho penal como herramienta de control político y social.
La preocupación se agudiza en un contexto donde México enfrenta un número récord de demandas y procesos legales contra periodistas en 2025, lo que se percibe como un retroceso democrático.
A ello se suma la incertidumbre sobre la independencia del Poder Judicial tras los cambios que entrarán en vigor el 1 de septiembre, así como la desaparición de organismos autónomos como el INAI, que también limitan el derecho ciudadano a la información.
"Hasta ahora los antecedentes, la jurisprudencia, han marcado una pauta en favor de la libertad de expresión. La pregunta es, ¿esto se va a mantener a partir del 1 de septiembre? Está por verse, pero no pinta nada bien el panorama mediante todo este proceso de captura del poder judicial, que es otro indicador de la erosión democrática amén de la desaparición del INAI y de otros organismos autónomos que también están afectando el derecho a la información", concluyó.
La discusión sobre el artículo 480 no solo pone en juego la libertad de expresión en Puebla, sino que también se convierte en un precedente sobre hasta dónde pueden llegar las legislaciones locales para restringir el debate público.