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En México, la libertad de expresión enfrenta nuevos embates desde el poder. En Campeche y Puebla, se están impulsando medidas legales y judiciales que podrían significar un grave retroceso para los derechos ciudadanos y el ejercicio periodístico. Así lo advirtió Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, durante una entrevista con Manuel López San Martín en MVS Noticias, donde expuso con preocupación los recientes casos que ejemplifican esta tendencia.
Campeche: “Medidas draconianas” contra la prensa crítica
El primer caso que señaló Maldonado fue el del exdirector de un medio en Campeche, perseguido judicialmente por cuestionar a la gobernadora Laida Sanzores y exhibir posibles irregularidades en el DIF estatal. Según el defensor de derechos, el castigo no sólo provino de una fiscalía, sino que fue respaldado por un juez, lo que considera alarmante.
“Se considera odio el que un periodista cumpla con su función social de informar, de cuestionar”, explicó Maldonado, quien denunció que se impusieron medidas cautelares “terroríficas” contra el comunicador, como la prohibición de hablar del caso y el pago de multas, algo que “más bien nos acercan a regímenes como el de El Salvador y Nicaragua”.
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El activista también cuestionó el uso de recursos públicos para silenciar voces críticas. “¿Dónde están poniendo nuestros gobiernos los énfasis, las prioridades? En acallar las voces críticas”, dijo, calificando de escandaloso que las fiscalías sean utilizadas como herramienta de represión en lugar de atender la inseguridad y otros problemas estructurales.
Puebla: cárcel por memes y críticas en redes sociales
En cuanto a Puebla, Maldonado advirtió sobre una reforma legal que podría castigar con cárcel a cualquier ciudadano por publicaciones ofensivas en redes sociales. “Una ley que castiga los insultos, la ofensa, la injuria y la vejación, así de amplio, de ambiguo, de subjetivo”, explicó, con penas que podrían llegar hasta los tres años de prisión por algo tan cotidiano como un meme, un hilo de Twitter o un video satírico.
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Esta iniciativa legal revive delitos que ya habían sido eliminados del Código Penal en 2011 por recomendación de organismos como la ONU y la CIDH. Ahora, con esta nueva redacción, “cualquiera puede caer en esos supuestos”, alertó Maldonado, incluyendo estudiantes, profesionistas o amas de casa. Para él, el objetivo es claro: “inhibir la crítica pública en las redes sociales”.
El director de Artículo 19 también criticó que se intente justificar esta legislación apelando a la protección de mujeres y menores frente al acoso. “Eso es lo que me parece una perversión: el utilizar los derechos de la infancia, los derechos de las mujeres... como un medio de censura”, dijo.
Incluso, denunció que la figura de violencia política en razón de género, creada legítimamente para proteger la participación política de las mujeres, ha sido usada de forma perversa para acallar tanto a periodistas como a ciudadanas críticas. Citó el caso reciente de una mujer sancionada por señalar nepotismo en Sonora, equiparando la crítica a violencia de género.