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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Óscar Zamudio, abogado de Carlos Treviño, habló sobre que, detienen en EU a Carlos Treviño, exdirector de Pemex; será deportado a México.
El defensor legal de Carlos Treviño, explicó que su cliente “se encuentra bien” y que su situación migratoria está en proceso de resolución.
“Se está viendo su estancia legal en Estados Unidos. Son procesos diferentes los que enfrenta en EU y aquí en México. No fue detenido para cumplimentar una orden de aprehensión”, aseguró Zamudio.
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No hay ficha roja contra Carlos Treviño, afirma su defensa
El abogado insistió en que no existe ninguna ficha roja activa contra su cliente y cuestionó el uso político de la noticia.
“No tiene ficha roja. Hay una resolución de Interpol que eliminó la que había porque no cumplía con los estándares de legalidad”, explicó.
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De acuerdo con Zamudio, las autoridades estadounidenses no aceptaron la petición del gobierno mexicano por considerar que no cumplía con los criterios legales necesarios.
“En EU se tomó la decisión de no creerle a México. La ficha roja se dio de baja desde 2023, por eso no aceptamos que se logre como un ‘logro’ esta detención”, agregó.
"No se puede normalizar un estado de excepción"
El abogado también criticó la narrativa oficial y advirtió sobre los riesgos legales y de derechos humanos que implican este tipo de procedimientos.
“No sé qué tan jugoso sea esto para la narrativa del gobierno mexicano, pero hay una orden de aprehensión que ni siquiera ha podido resolverse porque la jueza no nos dejaba ver el acto reclamado”, denunció.
Zamudio reiteró que el proceso aún está en curso y que será clave lo que determinen las autoridades migratorias en Estados Unidos.
“Espero que la justicia de EU funcione. No es lo mismo y no se debe normalizar que se apliquen estados de excepción para personas que no representan un riesgo. A veces se usan contra periodistas, abogados, empresarios... eso es muy peligroso”, advirtió.
El caso de Carlos Treviño continúa desarrollándose mientras su equipo legal defiende que el exfuncionario no está prófugo y que la eventual repatriación debe hacerse mediante procesos legales internacionales adecuados.