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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Edwin David Trejo, abogado del diario Tribuna de Campeche, habló sobre el caso de censura contra el medio, al que se le ha ordenado entregar los datos de su community manager para revisar sus publicaciones.
El abogado Edwin David Trejo, representante legal del diario Tribuna de Campeche, denunció en entrevista que una juez de control impuso nuevas medidas cautelares que obligan al medio a enviar cualquier nota relacionada con la gobernadora del estado a la unidad de derechos humanos del Tribunal Superior de Justicia para su revisión antes de ser publicada.
Estas medidas surgen en el marco de un proceso penal promovido por la mandataria estatal en contra del medio y su exdirector. La defensa recuerda que, anteriormente, se habían impuesto otras restricciones, como la suspensión de operaciones de la empresa y la inhabilitación del periodista para ejercer su labor, pero estas fueron suspendidas por un tribunal de amparo.
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"Inicialmente se le impuso una medida cautelar de suspensión por dos años a la empresa y al señor Jorge González la prohibición de ejercer su oficio como periodista. Esa decisión fue revertida por un tribunal colegiado de amparo mediante la suspensión, y se 'congeló' por decirlo coloquialmente, esa medida", contó el abogado.
Tribunal pide aprobar notas antes de publicarse; alertan por censura
De acuerdo con Trejo, ahora la jueza exige que cualquier publicación vinculada a la gobernadora sea revisada antes de su difusión, y que Jorge González esté acompañado por una autoridad en todas sus actividades periodísticas, incluidas entrevistas, lo cual representa, en su opinión, un acto de censura previa prohibido por la Constitución mexicana.
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"Derivado de eso, el asesor jurídico de la gobernadora solicita a la juez de control que se revise la medida cautelar, argumentando que habían variado las condiciones que motivaron la imposición... (De esta manera) Es que se da la última audiencia con fecha 15 del mes pasado, y lo que establece la juez es que va a aplicar dos medidas cautelares:
Una a la empresa, que, a través de una persona, tendrá que comunicar, previamente a la publicación, cualquier nota o referencia relativa a la gobernadora a la unidad de derechos humanos del Tribunal Superior de Justicia para que verifique que dicha información no la 'violente.' En el caso de Jorge González, de igual manera, impone que la unidad de supervisión de medidas cautelares del estado esté en todas sus actividades periodísticas", señaló Trejo.
"Aquí, lo más grave de esto es que la libertad de expresión está tutelada por nuestra Constitución en el artículo 7°, y uno de los derechos humanos que contiene es que no puede haber censura previa. En este país no puede censurarse previamente la expresión de las ideas, por muy graves u ofensivas que se puedan considerar", aseveró Edwin David Trejo.
El abogado explicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la figura del “interventor”, pero solo como sanción una vez dictada una sentencia condenatoria, y su finalidad es proteger derechos laborales, no restringir el ejercicio periodístico.
"Aquí desafortunadamente se desnaturaliza la figura del interventor y lo utilizan como un censor. Eso es lo más grave: se trastoca la ley con un fin que consideramos ilegal", afirmó.
Además, señaló que obligar al representante legal del diario a designar un enlace con el tribunal podría vulnerar su derecho a no auto incriminarse, ya que él mismo está imputado. En ese sentido, consideran que el requerimiento es indebido y presentaron un recurso de revocación.
Trejo confirmó que la defensa ya amplió el amparo y espera que el Juzgado Primero de Distrito emita una resolución favorable. Sostuvo que la lucha legal continúa, ya que creen que el uso de estas medidas busca frenar el derecho a informar y contraviene principios fundamentales de libertad de expresión.