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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Delia Quiroa, activista en derechos humanos, habló sobre el caso donde asesinan a activista sobreviviente de cuatro secuestros, a días de que autoridades le retiraran la custodia de elementos federales.
Gabriel, un activista sobreviviente de cuatro secuestros y defensor de derechos humanos en Tamaulipas, fue asesinado luego de que el 10 de julio le fuera retirada la custodia que tenía por parte de elementos federales. El caso ha encendido las alarmas sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Quiroa denunció en entrevista que Gabriel fue atacado cerca del lugar donde se hospedaba. “Llegó una persona y le disparó ahí en la camioneta parada. Él se quiso mover, pero al parecer perdió el conocimiento y la camioneta se fue al canal. Quedó sin vida ahí”, relató.
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Sin respuesta de las autoridades
Según Quiroa, Gabriel ya no contaba con custodia federal al momento del ataque, y no se ha dado a conocer por qué fue retirada la protección. “Desde el 10 de julio le quitaron la custodia sin saber todavía por qué. ¿Qué han dicho las autoridades? Nada”, lamentó.
De acuerdo con la activista, en el proceso legal para garantizar la protección, un juzgado en Reynosa había ordenado que el Ministerio Público responsable del caso debía renovar las medidas. Sin embargo, aparentemente fue esta misma instancia la que se negó a continuar con la custodia.
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¿Defensores bajo amenaza?
La preocupación entre los integrantes del colectivo ha crecido. Quiroa aseguró que actualmente otras personas defensoras corren peligro, incluido un matrimonio que busca a su hijo desaparecido y que ha sido amenazado por realizar su labor.
“Ya les rompieron la cabeza y les dijeron que no querían que buscaran a nadie más. Se logró una suspensión provisional, pero el mecanismo aún no se ha comunicado con ellos”, denunció.
Para la activista, la situación refleja un patrón preocupante: en vez de sumar a más personas al mecanismo de protección, se están retirando medidas bajo justificaciones cuestionables.
“Cuando una persona ya necesita custodia es porque su vida está en riesgo. Es muy difícil que vuelva a la normalidad, y no hay condiciones para retirar protección. Esto no puede seguir así”, subrayó.
El caso de Gabriel pone de nuevo en evidencia la vulnerabilidad de quienes defienden los derechos humanos y buscan a personas desaparecidas en México. La impunidad, la falta de garantías y la indiferencia institucional agravan una crisis humanitaria que no cede.
“No hay respeto a la ley, a la vida ni a la humanidad. Asesinan a una persona sin pensar en su familia, sin saber que nos hacen falta a todos. Es un daño profundo al tejido social”, concluyó Delia Quiroa.