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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, habló sobe TEPJF retiene un caso sobre la Elección Judicial que tendría que haber cedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La abogada explicó que, tras detectarse presuntas irregularidades en la reciente elección judicial, diversas organizaciones civiles interpusieron litigios para cuestionar la legalidad del proceso. Las demandas fueron presentadas el pasado 19 de junio ante el Instituto Nacional Electoral (INE), autoridad responsable de recibirlas y canalizarlas.
“El problema fue que pasaron 15, 20, 25 días… y no llegaba el asunto a la Suprema Corte. El INE tenía la obligación de mandarlo, y no lo hizo. Lo envió a la Sala Superior del TEPJF”, declaró Calderón.
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¿Irregularidades en la elección judicial?
Según explicó, esto constituye una grave violación a la Constitución, ya que la Carta Magna establece con claridad que la SCJN es la única autoridad competente para revisar la elección de magistrados que integrarán la Sala Superior del propio tribunal electoral, con el fin de evitar que este sea "juez y parte".
“El tribunal electoral es autoridad para revisar las elecciones de ministros, jueces, magistrados, pero no puede revisar su propia integración. Por eso, la Constitución prevé que en ese caso sea la Corte la que intervenga”, apuntó.
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TEPJF acepta el caso sin tener competencia
Lo más grave, dijo, es que la Sala Superior del TEPJF decidió admitir el caso y archivarlo en una "turbo ponencia", a pesar de que sabía que no tenía competencia. "Una autoridad jurisdiccional no puede inmiscuirse indebidamente en la competencia de otra", añadió.
Las organizaciones involucradas han presentado varios escritos pidiendo el cumplimiento de la ley y exigiendo que el expediente sea enviado a la Suprema Corte. No obstante, hasta el momento, no han recibido respuesta formal, lo cual agrava la incertidumbre.
“Ojo, aquí hay algo bien importante: esto es un tema de responsabilidad. Están violando la Constitución y la ley”, sentenció Calderón. Aseguró que, en última instancia, corresponderá al naciente Tribunal de Disciplina determinar si hubo responsabilidad por parte de los funcionarios involucrados.
La situación se da en un contexto en el que los tiempos electorales son breves y no contemplan días ni horas hábiles, por lo que la demora representa un obstáculo significativo al acceso a la justicia.