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En la mesa de debate de MVS Noticias con Luis Cárdenas, Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano; Arturo Ávila, diputado de Morena; y Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la CDMX, hablaron sobre las elecciones judiciales realizadas el pasado domingo.
La reciente elección para renovar integrantes del Poder Judicial ha generado una fuerte controversia entre partidos de oposición y el oficialismo. Mientras Morena y sus aliados celebran la jornada como un ejercicio de participación histórica, figuras del PAN y Movimiento Ciudadano acusan una elección ilegítima, marcada por manipulación de recursos públicos y una escasa participación ciudadana.
"Un día muy triste", comentó Luisa Gutiérrez (PAN-CDMX), "cuando se consolida lo que Morena anunció desde hace mucho tiempo: que buscaba el poder de manera totalitaria. ¿Para qué? Ni ellos mismos lo saben, pero, seguramente, tendrá que ver con búsqueda de impunidad, con el rompimiento final de las instituciones, con empoderar solamente a los amigos", afirmó.
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Desde Acción Nacional, se denunció una supuesta estructura financiada con fondos gubernamentales para movilizar votantes. Según Luisa Gutiérrez, se presentaron pruebas notariadas de pagos de hasta 8 mil pesos mensuales a operadores políticos, quienes presuntamente canalizaban estos recursos a través de terceros.
Además, se exhibieron documentos y grabaciones que, afirman, muestran la entrega de “acordeones” coincidentes con los resultados de la elección judicial. PAN afirma que estos hechos están ya denunciados penalmente y serán ofrecidos como evidencia para impugnar la validez del proceso.
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"Se consolidó también la forma en la que se utilizan los recursos públicos para querer incidir en una elección… No se deben de utilizar los recursos para tener fines político-electorales, mucho menos los recursos que son de los programas sociales, de la gente más vulnerable en esta ciudad", expresó Gutiérrez Ureña.
'Fue una fiesta': Arturo Ávila, de Morena
Por otro lado, Arturo Ávila, representante de Morena, defendió la votación y aseguró que más de trece millones de personas acudieron a las urnas, lo que a su juicio supera la cantidad de votos obtenidos por partidos de oposición en elecciones previas. Señaló que los resultados reflejan una voluntad popular de transformar al Poder Judicial y ponerlo al servicio del pueblo, no de poderes fácticos.
"El 1 de junio fue un día de fiesta, un día de júbilo. 13 millones de mexicanas y mexicanos salimos a votar por quienes ahora serán un Poder Judicial ya no al servicio de los prianistas, ya no al servicio del poder económico, ya no al servicio de los corruptos, ya no al servicio de los criminales", señaló el morenista.
"Quien más obtuvo votos en esta ejemplar jornada electoral fue un ministro que viene de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, esos que tanto desprecio la derecha… Hoy tendremos a una persona que me recuerda a Benito Juárez cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia", agregó
No obstante, la baja participación, estimada entre el 11 y 13% del padrón electoral, alimenta los cuestionamientos sobre la legitimidad del ejercicio. Críticas apuntan también al costo de la elección, calculado en cerca de 10 mil millones de pesos, cifra que algunos actores consideraron desproporcionada frente al nivel de involucramiento ciudadano.
Desde Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros calificó la elección como una “simulación”, argumentando que ya se conocían los perfiles ganadores antes de los comicios. Además, atribuyó el abstencionismo a la desinformación, desorganización y desinterés generalizado por un proceso que, asegura, no fue verdaderamente democrático.
"Lo que hay que poner sobre la mesa es que la gente no se dejó engañar, no se dejaron, con sus mentiras, apabullar y por eso no salieron a votar más del 85 por ciento de la votación… Yo no veo por qué tenga que ser una buena noticia, porque nunca fue una elección democrática", comentó Ballesteros..
Las acusaciones de compra de votos, uso electoral de programas sociales y opacidad en la organización, contrastan con el discurso oficial que sostiene que se trató de un avance en la democratización del sistema judicial. El debate se agudiza mientras se perfila una Suprema Corte completamente alineada con la 4T, lo que para la oposición representa un peligro de concentración de poder.
Ambas visiones reflejan una profunda polarización y dejan abierta la disputa política en torno al control y legitimidad de las instituciones del Estado.