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En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS noticias, el periodista Iván Alamillo explicó que de acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción se dio a conocer que la UIF conocía desde 2024 de las transferencias por 47 mdd de los presuntos prestanombres de García Luna a Vector.
Una nueva serie de documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción revela que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenía conocimiento, desde agosto de 2024, de una serie de transferencias significativas de 35 operaciones por un total de 47 millones de pesos entre la empresa NUNVAV y Vector Casa de Bolsa, ambos considerados vinculados a Genaro García Luna.
"La UIF ha identificado a la empresa NUNVAV como prestanombres de García Luna", afirmó el periodista Iván Jaramillo.
El trasfondo de esta investigación es inquietante: los documentos indican que la UIF solicitó a los Weinberg, identificados como los prestanombres de García Luna por el mismo gobierno, justificar dichas transferencias.
"La UIF sospechaba que estas transacciones eran posiblemente ilícitas", enfatizó el entrevistado, destacando así el nivel de alerta existente dentro de las autoridades.
Obscuridad en los procesos judiciales
Más allá de las transferencias, el contexto legal que rodea a García Luna ha sido complicado. En 2021, el gobierno mexicano presentó una demanda civil en Florida contra él, su esposa y sus socios.
"La acusación es que desviaron más de 600 millones de pesos del erario durante gobiernos previos", subrayó el periodista.
Sin embargo, la respuesta de los Weinberg sobre las justificaciones de las transferencias ha levantado más dudas: "Decidieron que no tenían documentación suficiente para justificar el origen de los fondos", lo que plantea serias cuestiones sobre la transparencia de estas operaciones.
Las implicaciones de estos descubrimientos son enormes, tanto para la percepción pública como para la continuidad de investigaciones futuras.
"Hay un patrón de opacidad en la forma en que se ha manejado este caso", advirtió.
La presidenta Sheinbaum, tras una reciente crítica, afirmó que no se había presentado evidencia concreta de lavado de dinero, un comentario que contrasta con los hallazgos documentados que revelan una red de corrupción activa.
Las conclusiones de este informe son aún más relevantes en un momento en que el escándalo de corrupción sigue afectando la confianza pública en las instituciones. Mientras los casos de García Luna y sus prestanombres siguen en el ojo del huracán, la invitación a la reflexión se mantiene: ¿qué acciones se tomarán para garantizar un verdadero combate a la corrupción en México?