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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, abordó el tema de la SCJN buscará que la prisión preventiva oficiosa no sea automática.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomará un proyecto clave que busca eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa del marco jurídico mexicano, una medida que ha sido fuertemente cuestionada por organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
Camacho explicó que este proyecto responde a la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2023, en la que se estableció que la prisión preventiva oficiosa, al aplicarse de manera automática, viola derechos fundamentales.
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“La Corte Interamericana condenó a México por mantener esta figura en su legislación. El proyecto de la Suprema Corte busca justamente que el país cumpla con dicha resolución, eliminando la prisión preventiva oficiosa de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales”, detalló Camacho.
¿Qué es lo que establece el sistema jurídico en México?
Actualmente, el sistema jurídico mexicano establece que ciertas personas acusadas de delitos incluidos en un catálogo específico deben enfrentar su proceso en prisión, sin necesidad de que el Ministerio Público justifique la medida ante un juez. Para Camacho, esto representa una “violación sistemática a los derechos de presunción de inocencia y debido proceso”.
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La especialista aclaró que no se pretende eliminar la prisión preventiva como medida cautelar en su totalidad, sino únicamente su aplicación automática. “En todos los países democráticos, la prisión preventiva existe, pero debe estar justificada. Lo que no se acepta es que se aplique sin una revisión judicial previa, simplemente por estar acusados de ciertos delitos”, puntualizó.
Sin embargo, el debate no es solo jurídico, sino también político. Camacho expresó su preocupación por las recientes declaraciones del Poder Ejecutivo, que ha sugerido que este asunto debería ser resuelto por las nuevas ministras de la SCJN, en lugar del actual pleno. “Es una señal clara de intento de influencia sobre un contrapeso constitucional. Preocupa que el Ejecutivo y el Legislativo busquen mantener una corte alineada a sus intereses, en lugar de garantizar la protección de derechos individuales”, advirtió.
México Evalúa y otras organizaciones de la sociedad civil han insistido en la urgencia de este cambio legal, ya que afecta directamente a miles de personas que son privadas de su libertad de forma automática, sin que un juez evalúe el riesgo real que representan.
El proyecto actualmente se encuentra pendiente en el pleno de la SCJN. De ser aprobado, marcaría un precedente histórico en la justicia penal mexicana y en el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos.