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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Gabriel Regino, abogado, habló sobre cómo el Infonavit contempla a invasores en la regularización de vivienda.
El abogado penalista Gabriel Regino alertó sobre las graves implicaciones legales y sociales del nuevo planteamiento del director del Infonavit, Octavio Romero, quien propuso regularizar a personas que actualmente ocupan viviendas invadidas.
"Alguien que, de manera irregular, está dentro de una vivienda, ¿qué se hace? Pues no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que, si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda. La puede ocupar, pero no va a ser de él y lo que queremos es que sea de él. Entonces, estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico", señaló el director del Infonavit el pasado lunes en su intervención durante "La Manañera del Pueblo".
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Regino criticó duramente la contradicción entre esta propuesta y las acciones anteriores del instituto, que incluían denuncias contra notarios y abogados por el despojo de más de 200 mil viviendas.
"Hace unos meses, el director de este instituto anunció el inicio de investigaciones contra notarios, despachos de abogados, por haber despojado a más de 200 mil derechohabientes de sus viviendas, se presentaron 28 denuncias por el delito de despojo", contó Gabriel Regino.
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"Ahora sorprende que venga a legitimar el despojo, lo cual es imposible… Al decir que van a regularizar a las personas que invadieron propiedades, eso no se puede regularizar, porque tiene como antecedente una conducta criminal, que es el despojo", agregó.
Para el abogado, la regularización de viviendas ocupadas de manera ilegal sería un atentado al Estado de derecho, al derecho de propiedad y a las personas que adquirieron legalmente sus inmuebles. Recordó que el delito de despojo ha crecido un 45% en las últimas dos décadas y que esta nueva medida solo incentivaría su proliferación al enviar un mensaje de impunidad a quienes han hecho de esta práctica su modo de vida.
"Sería un gravísimo atentado al estado de derecho, al derecho de propiedad de las personas que hicieron un contrato, a quienes les descontaron de sus ingresos lo correspondiente para ese inmueble y que han sido víctimas de este delito que, en los últimos 20 años, ha tenido un incremento de 45 por ciento a nivel nacional", advirtió el abogado.
Supuestos sindicatos se apropian ilegalmente de inmuebles sin habitar
Regino explicó cómo operan supuestos sindicatos y organizaciones vecinales que se aprovechan de viviendas deshabitadas para apoderarse de ellas mediante contratos apócrifos. Ejemplificó con el caso de la llamada “abuelita pistolera”, cuya familia fue víctima de este modus operandi. Subrayó que, si bien la ley obliga a las autoridades a restituir la posesión en menos de cinco días, muchas veces las fiscalías no responden por falta de recursos o voluntad.
Frente al abandono de la autoridad, el abogado advirtió que podrían surgir “guardias blancas” o cuerpos privados que operen como en España, donde existen empresas dedicadas a desalojar ocupantes ilegales. En ese contexto, recomendó a los propietarios tomar medidas preventivas, como visitas periódicas, renta formal con aval o fianza legal, y vigilancia constante de sus inmuebles.
Finalmente, Regino advirtió que este tipo de políticas pueden tener implicaciones penales para los funcionarios que las impulsan, además de generar un daño patrimonial al Estado. En un escenario de incertidumbre legal, insistió en que la única vía legítima para enfrentar el problema del abandono habitacional es a través de los procesos establecidos en la ley.
"El Infonavit y su titular pueden caer en ámbitos de responsabilidad administrativa y penal", aseguró.
"Lo que se presentó fue un plan sin estructura, sin estrategia, y contradictorio a esa acción que inicialmente inició el Infonavit de denunciar los despojos judiciales que habían llevado a cabo en todo el país despachos y notarios", señaló el abogado Gabriel Regino.