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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión para el seguimiento del Plan de Desarrollo del Estado de México habló sobre la crisis de despojos ilegales en la entidad y la propuesta de reforma que busca tipificar este delito como grave.
“En el Estado de México se denuncia un despojo cada dos horas. Sin embargo, de cada 100 casos, solo cuatro inmuebles son restituidos, y no hay detenidos ni procesados por este delito”, señaló, destacando la magnitud del problema.
¿Qué hay detrás de los despojos ilegales?
El diputado explicó que los despojos ilegales han proliferado debido a la ambigüedad en la redacción del artículo 308 del Código Penal estatal, que actualmente no considera este delito como grave.
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“Los responsables elaboran contratos apócrifos y el caso termina en un proceso civil que puede durar hasta 15 años. Mientras tanto, los afectados pierden su patrimonio, y los delincuentes disfrutan de impunidad”, detalló.
En ese sentido, señaló la complicidad de funcionarios públicos en algunos casos, particularmente en municipios como Ecatepec.
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“Durante la administración pasada de Fernando Vilchis, se favoreció a estructuras delincuenciales desde áreas como Catastro, Predial y el Sistema de Agua. Esto permitió cambios irregulares en claves catastrales, afectando a más de 6 mil inmuebles en Ecatepec”, afirmó Martínez Vargas.
¿En qué consiste la propuesta de reforma al Código Penal?
Para combatir los despojos ilegales, el diputado anunció la presentación de una iniciativa para reformar el artículo 308 y clasificar este delito como grave.
“La propuesta contempla penas de hasta 10 años de prisión, sin beneficios de ley, y agravantes en casos donde las víctimas sean adultos mayores, se utilice la fuerza pública sin mandamiento judicial o se emplee violencia para el desalojo”, explicó.
Para terminar, Octavio Martínez Vargas aseguró que la discusión de la reforma comenzará el próximo lunes en el Congreso del Estado de México y espera que sea aprobada en un plazo máximo de un mes.
“Es hora de poner un alto a la impunidad. Los despojos ilegales no solo afectan a las familias, sino que también evidencian las fallas estructurales del sistema judicial. Urge garantizar justicia para quienes han sido despojados de su patrimonio”, concluyó.