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En plena antesala del inédito proceso de elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, surgen dudas profundas sobre su legitimidad. En entrevista con MVS Noticias, el abogado constitucionalista Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, lanzó una contundente crítica al proceso, al cual calificó como antidemocrático, carente de garantías y diseñado para simular participación ciudadana.
Durante su conversación con Manuel López San Martín, Burgoa defendió su postura pública de no acudir a las urnas, y explicó que su decisión no responde a la apatía, sino a un acto consciente de protesta frente a un sistema que, afirma, está plagado de inconsistencias desde su origen.
¿Por qué expertos incitan a NO VOTAR en la elección del PJ
A diferencia de los procesos electorales tradicionales, esta elección judicial —afirma Burgoa— carece de los elementos básicos que aseguren la voluntad ciudadana. Desde el diseño mismo de la reforma constitucional que la respalda, hasta su implementación, el especialista identifica vicios graves.
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“Hoy no hay ninguna garantía de que haya un voto universal. Generalmente es lo más preciado que tenemos: que el voto valga exactamente lo mismo en una elección. En esta ocasión, no. Para quienes vivimos en la Ciudad de México, el voto va a valer más que los que viven en otra entidad federativa”, advirtió.
Además, denunció que el conteo de los votos se hará a puerta cerrada por funcionarios electorales, eliminando así el elemento ciudadano en la vigilancia del proceso.
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Candidatos únicos, tómbolas y opacidad
Uno de los puntos más alarmantes señalados por Burgoa es la falta de competencia real entre los aspirantes. En muchos cargos, especialmente a nivel local y federal, existe un solo candidato en la boleta, lo que convierte la elección en una formalidad sin sentido.
“Nada más veamos el caso de las elecciones locales en Durango, donde hay 49 cargos de magistrados y de jueces. ¿Cuántos candidatos hay? 49. Es decir, con su propio voto ganan. ¿Eso es democracia? ¿Eso es legitimidad?”, cuestionó.
La selección de los aspirantes mediante una tómbola tampoco es garantía de imparcialidad. Según el abogado, los comités de evaluación han sido omisos e incluso filtraron perfiles incómodos para favorecer a candidatos ligados al poder.
“Los filtros solamente fueron para quitar a los posibles candidatos incómodos y dejaron inclusive a algunos que tienen dudosa reputación, que no tienen buena fama pública o que se les vincula con algún presunto grupo criminal”.
El no voto como acto cívico
En un momento en que muchos ciudadanos se sienten presionados a participar, Francisco Burgoa subraya que la abstención también puede ser una forma legítima de resistencia.
“No votar es también no convalidar todas estas inconsistencias que hay. Si alguien quiere votar, está bien, se vale y es su derecho. Pero que sea un voto informado”.
El problema, dice, es que es prácticamente imposible evaluar los cientos de perfiles disponibles, y por tanto, difícil emitir un voto razonado.
Se espera baja participación para la elección judicial
Aunque se presuma que esta elección es un paso hacia la democratización del Poder Judicial, Burgoa cree lo contrario. Si, como estima, vota apenas el 10% del padrón electoral, la legitimidad de los electos estará severamente comprometida.
“Definitivamente no va a haber una legitimidad, una aceptación de la ciudadanía hacia los jueces, magistrados y ministros. Esto es un desastre porque es una reforma mal diseñada, mal planteada, sin ningún diagnóstico”.
Para el académico, el proceso representa una simulación que sólo servirá para justificar decisiones del oficialismo. Ya anticipa los argumentos que se usarán desde el poder: culparán al INE o a quienes públicamente se han manifestado en contra del proceso.
“Van a decir que la democracia se gana hasta por un voto… pero esto no es una elección democrática ni con legitimidad social”.
“Una farsa electoral”
Burgoa fue claro al calificar el proceso: “una farsa electoral”. Y como tal, no se prestará a convalidarla. Reitera que su decisión de no participar no es indiferencia, sino una defensa activa del sistema democrático que, asegura, está siendo distorsionado.
“Así como hay un derecho a votar y participar, lo hay también a señalar los atropellos y a no legitimar un proceso. Eso también es un acto cívico, un acto de protesta”.
Mientras tanto, la ciudadanía se enfrenta a un proceso turbio y, en palabras del propio Burgoa, carente de ética y compromiso. La pregunta sigue abierta: ¿votar o no votar cuando el terreno ya está inclinado?