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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, José Flores, director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, habló sobre no solo es el artículo 109: organizaciones advierten que no son suficientes los cambios a la Ley de Telecomunicaciones.
Flores, señaló que “no solo es este apartado el artículo 109 que facultaba a la Agencia de Transformación Digital a, solicitud de autoridades no definidas, bloquear plataformas digitales”.
De acuerdo con lo dicho, el dictamen contiene disposiciones que han pasado desapercibidas, pero son igualmente preocupantes. “Sobre todo los apartados que tienen que ver con temas de colaboración con la justicia que pueden resultar también muy preocupantes”, explicó, al referirse a la continuidad y robustecimiento de medidas heredadas de leyes previas.
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¿Por qué no son suficientes los cambios a la Ley de Telecomunicaciones?
Uno de los ejemplos más delicados es el posible regreso de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil. Según Flores, “el artículo octavo y el artículo 160 le dan a esta agencia de transformación digital la facultad de expedir lineamientos respecto de un registro de todas las personas usuarias de telefonía móvil”. Sin embargo, la ley no especifica cómo será ese registro ni qué autoridades podrán acceder a los datos.
Este tipo de mecanismos ya se han intentado en el pasado. “Hay que recordar que la base de datos del RENAUT se lanza en 2009 y se destruye en 2011, no sin antes acabar filtrada y vendiéndose en el mercado negro por la mínima cantidad de 500 pesos”, recordó el vocero. También mencionó el intento reciente con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, declarado inconstitucional por la Suprema Corte.
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¿Cuáles son los riesgos?
Flores alertó que esta propuesta reaparece ahora “en la letra chiquita” de la ley y puede integrarse con otras reformas impulsadas en paralelo en el Congreso, como las leyes de seguridad, inteligencia y población. “Se está tratando de construir un mecanismo en donde todas las personas mexicanas vayan dejando rastro de su actividad”, dijo, señalando la intención de vincular la CURP biométrica con otros registros oficiales.
Además, recordó que “hay cerca de 98 millones de líneas telefónicas en México” y que la asociación forzada entre identidad y número telefónico puede ser un arma peligrosa si se entrega el control a agencias sin mecanismos eficaces de vigilancia ciudadana. “No hay evidencia de que un registro obligatorio de líneas telefónicas vaya a reducir la actividad criminal”, advirtió, “por el contrario, en el pasado han sido filtrados, mal utilizados y coludidos con el crimen”.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales insiste en que, más allá del artículo 109, se debe revisar la ley en su conjunto y abrir el debate sobre las implicaciones que tendrá para la privacidad, la seguridad y los derechos fundamentales de la ciudadanía.