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En colaboración con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, el periodista, Ezra Shabot habló sobre Teuchitlán, la responsabilidad del Estado mexicano y sus consecuencias.
El reciente hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, ha sacudido a la opinión pública y puesto en evidencia una vez más la debilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado. De acuerdo con el periodista, lo ocurrido en el rancho Izaguirre no es un caso aislado, sino la revelación de un problema estructural que lleva años enraizado en el país.
“El famoso Rancho Izaguirre termina por convertirse en un detonador de algo que ya existía… espacios controlados por el crimen organizado”, explicó Shabot, enfatizando que lo que diferencia este caso es que la verdad salió a la luz gracias a la presión de la sociedad civil, en particular de colectivos de búsqueda.
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¿Con qué caso comparó lo sucedido en el Rancho Izaguirre?
El hecho ha sido comparado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso que también evidenció la colusión entre autoridades y grupos criminales. “Básicamente entramos en algo similar… un crimen organizado que tiene capacidad de acción, que tiene fuerza para operar y un Estado mexicano que no aparece o colabora”, advirtió el periodista.
Según Shabot, la falta de especialistas y transparencia en la investigación genera dudas sobre las verdaderas intenciones de las autoridades. “El problema es que aquí no hay confianza con respecto a lo que sucede… antes de descubrir qué es lo que pasó, lo que buscan definir es quién va a cargar con la culpa”, señaló.
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Resaltó la estrategia política en torno al caso. Mientras la presidenta ha asegurado que se llevará a cabo una investigación, su discurso previo minimizó los hechos y los atribuyó a una conspiración política. “Es un problema real… por un lado, la presidenta asume que debe enfrentar el asunto, pero por otro lado, lo desestima y llama carroñeros a quienes lo denuncian”, comentó.
La situación de Teuchitlán pone en jaque al sistema de justicia mexicano, donde la prioridad parece encubrir responsabilidades en lugar de esclarecer la verdad. “Los criminales tendrían que pagar, sí, pero hay una convivencia entre autoridades y criminales… al momento de presionarlos, aparecen listas de políticos involucrados”, aseguró.
El caso sigue abierto y la presión de la sociedad civil es clave para evitar que la impunidad prevalezca. La pregunta sigue en el aire: ¿Hasta cuándo el Estado mexicano asumirá su responsabilidad y romperá su círculo de complicidad con el crimen organizado?