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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs A.C., alertó sobre la presencia de al menos tres candidatos a jueces relacionados con el crimen organizado.
Entre ellos, destacó el caso de Fernando Escamilla Villarreal, quien ha sido abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, recientemente extraditado a Estados Unidos.
“Estamos llegando a los perfiles más preocupantes, porque hay cinco relacionados con el crimen organizado”, señaló Meza.
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Según su información, Escamilla Villarreal es candidato a juez penal y entre 2016 y 2019 defendió al Z40.
Además, es asociado de los abogados Juan Manuel Delgado y Juan Pablo Penilla, quienes han representado a Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
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Otro aspecto que genera inquietud es que Escamilla Villarreal fue detenido en 2016 en Apodaca, Nuevo León, por portación de armas de fuego.
“A las 19:30 horas del 11 de enero de 2016 fue detenido en Apodaca, Nuevo León, por portación de armas”, detalló Meza.
Los demás candidatos a jueces relaciones con el crimen
Meza también mencionó el caso de Sabas Santiago Ipiña, ex candidato a juez local en San Luis Potosí, quien fue señalado por su presunta participación en la desaparición y asesinato de los hijos de una expolicía que había investigado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Dice la expolicía, Rosalinda, que ella estaba pisando los intereses de este cártel. Como no desistió, este compañero suyo participó en el asesinato de sus dos hijos”, explicó Meza.
Aunque su candidatura fue cancelada, ya había sido electo previamente.
Asimismo, resaltó la postulación de Jesús Humberto Padilla Briones, candidato a juez penal federal en Nuevo León, quien fue detenido en 2023 por portación de armas y drogas.
“Tengo la fotografía de su detención. Fue arrestado en una pick up que se dio a la fuga. Al revisar a los tres ocupantes, cada uno tenía más de 10 bolsas de cristal en sus pantalones; el candidato llevaba 15”, reveló Meza.
Los señalamientos expuestos generan cuestionamientos sobre los procesos de selección y los mecanismos de control para evitar que candidatos a jueces relacionados con el crimen organizado lleguen a ocupar cargos de poder en el sistema judicial mexicano.