Audio relacionado
En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Georgina de la Fuente, analista y socia de estrategia electoral, habló sobre que este 2025, 18 estados elegirán jueces y magistrados locales, además de las elecciones judiciales federales.
"Efectivamente cuando se aprobó la reforma en septiembre del año pasado, en el Congreso federal, pues la reforma dio a los estados un plazo de 180 días para que fueran a armonizar, adecuar, sus leyes locales, para que también las personas impartidoras de justicia en el ámbito local pudieran ser electas por voto popular, en elecciones desde luego organizadas por organismos locales, electorales, que de por sí enfrentar desafíos importantes en materia financiera", dijo.
Comentó que los datos son públicos, y en cada sesión ordinaria del Instituto Nacional Electoral (INE) se emite un informe sobre la situación presupuestal de los estados.
Te podría interesar
Mencionó que hay 18 estados que ya lograron armonizar sus leyes locales, que van a la elección; entre los que se encuentran dos estados que van a tener elecciones para presidencias municipales, que son Veracruz y Durango.
Afirmó que es un desafío brutal para la ciudadanía en esos estados, donde van a tener las boletas del ámbito federal y local.
¿Quiénes verán los efectos de la reforma al Poder Judicial?
La analista indicó que los efectos de la reforma serán para las personas que tienen sus casos detenidos desde hace tiempo en los distintos estados del país.
Recordó que algunos cargos se disputarán en 2025, la mitad de los cargos federales, mientras que el resto se elegirán en 2027.
"Para una persona que tiene un proceso abierto en un tribunal, para que sepa si su tribunal va a entrar en una lógica política en estos próximos meses, y luego no solamente eso, digamos que sí es así, ¿qué va a pasar con un juez o jueza que asuma ese asunto? ¿empezará el proceso desde cero? ¿lo retomará a partir de lo que ya existe?", cuestionó.
Georgina de la Fuente añadió que en el mejor de los casos, el asunto se retrasará, pero en el peor de los casos, los casos deberán empezarse desde cero, lo que implica costos, tiempo y u n problema en el ámbito de acceso a la justicia.