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En entrevista para MVS Noticias con Diana Alcaraz en ausencia de Luis Cárdenas, Carmen Herrera, asociada en Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, habló sobre Corte Interamericana exige justicia por abuso a Ernestina Ascencio.
El caso Ernestina Ascencio vuelve al centro del debate público luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinara que el Estado mexicano violó derechos fundamentales al no investigar de manera adecuada la muerte de la mujer indígena ocurrida en 2007 en Veracruz. Carmen Herrera explicó el alcance histórico de esta resolución internacional.
Caso Ernestina Ascencio: años de impunidad y una deuda del Estado
Herrera recordó que Ernestina Ascencio era una mujer indígena adulta mayor, reconocida y respetada en su comunidad. “La señora Ernestina era una adulta mayor, una mujer fuerte, que vivía del pastoreo y de los trabajos de su comunidad”, relató. Su muerte ocurrió en un contexto de militarización en la zona, lo que marcó el inicio de una larga lucha por la verdad en el caso Ernestina Ascencio.
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De acuerdo con la defensora, un día Ernestina salió a trabajar y no regresó a su hogar. “La buscaron y la encontraron tirada, sangrando, muy mal”, narró. Al ser auxiliada, la mujer alcanzó a decir lo que le había sucedido: “Cuando le preguntaron qué le pasó, dijo que los soldados se le echaron encima, que fue violada”. Pese a la gravedad de su estado, no recibió atención médica oportuna. “Buscaron atención médica, pero no la tuvo; la clínica más cercana estaba cerrada”, explicó Herrera.
Ernestina Ascencio falleció durante la madrugada del 25 de febrero de 2007. Inicialmente, se activaron protocolos de investigación. “Hubo levantamiento de pruebas, se encontraron muestras seminales para encontrar a los responsables”, detalló la abogada. Sin embargo, el rumbo del caso Ernestina Ascencio cambió radicalmente cuando se emitió una versión oficial que concluyó que la causa de muerte fue una gastritis.
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Caso Ernestina Ascencio: claves del fallo que obliga al Estado a reparar daños
“Se hizo una declaración de que había muerto de gastritis, incluso desde la Presidencia en el sexenio de Felipe Calderón”, recordó Herrera. Posteriormente, las evidencias originales fueron anuladas. “Las pruebas se desecharon y se incorporaron nuevas con la intervención de la CNDH, lo que justificó el archivo de la investigación”, explicó.
La representante legal señaló que la familia enfrentó múltiples obstáculos. “Mientras tanto, hubo una invitación a la familia a la Basílica, lo que les impidió tener asesoría, contacto con medios e impugnar el archivo de la investigación”, afirmó. Finalmente, se concluyó oficialmente que Ernestina murió por una gastroenteritis, sin reconocer signos de violencia.
Ante la falta de justicia, el caso Ernestina Ascencio fue retomado años después por organizaciones de derechos humanos. “Lo que hicimos fue litigar por el derecho a la verdad y el acceso a la información pública”, explicó Herrera. Presentaron solicitudes de información, promovieron un amparo y buscaron que la Suprema Corte atrajera el asunto, sin éxito. “Al no lograrlo, acudimos a la Comisión Interamericana”, añadió.
Qué resolvió la Corte Interamericana en el caso Ernestina Ascencio
La resolución internacional marcó un punto clave. “La Corte declaró que el Estado violó el derecho a las garantías judiciales de Ernestina y de su familia, porque no se les brindó justicia”, señaló la abogada. Además, el tribunal determinó que se vulneró el derecho a la verdad en el caso Ernestina Ascencio.
Entre las medidas ordenadas por la Corte Interamericana destacan el reconocimiento público de responsabilidad por parte del Estado mexicano, así como reparaciones integrales. “La Corte ordena rehabilitación médica y psicológica para los familiares, becas de estudio para nietas y nietos, y medidas específicas para mujeres indígenas en Veracruz en materia de salud y seguridad”, detalló Herrera.
Finalmente, la defensora subrayó que esta sentencia no solo reabre el caso Ernestina Ascencio, sino que sienta un precedente para combatir la impunidad y garantizar que hechos similares no se repitan, especialmente en contextos de militarización y vulnerabilidad de mujeres indígenas.