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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Dr. Froylán Muñoz, magistrado de circuito cesado por la reforma judicial, habló sobre jueces en retiro sospechan desvío de 6,500 mdp para liquidaciones.
Las preocupaciones por el presunto desvío de recursos destinados a las liquidaciones de jueces crecen entre los más de 800 juzgadores cesados tras la reforma judicial. El magistrado de circuito cesado, Dr. Froylán Muñoz, advirtió que existen inconsistencias, falta de transparencia y posibles manejos irregulares en los 6,500 millones de pesos que el nuevo órgano de administración judicial aseguró estar “gestionando” para cumplir con estas obligaciones.
El magistrado insistió en que el tema de las liquidaciones de jueces se ha convertido en un problema legal y administrativo de gran relevancia nacional.
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“Todo juez tiene la obligación de resolver lo correcto”
Al inicio de la conversación, Muñoz destacó la importancia de la libertad de expresión y de los derechos ciudadanos ante cualquier manifestación pública. “Toda persona tiene derecho a manifestarse, es un derecho constitucional”, afirmó. Explicó que las carpetas mal integradas no pueden convertirse en criminalización: “Si se judicializa una detención por ejercer la libertad de expresión, el juez debe dejar en libertad a las personas desde el momento de calificar la detención”.
La reforma judicial y el cese de más de 800 juzgadores
El magistrado recordó que los jueces cesados por no participar o no ganar en el proceso de elección derivado de la reforma publicada el 15 de septiembre del año pasado tienen un derecho constitucional a ser indemnizados.
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“Como cualquier trabajador, tenemos derecho a tres meses de salario integrado y 20 días por año de servicio”, explicó. Recordó que antes existía la figura de inamovilidad judicial, que garantizaba continuidad siempre que no hubiera faltas graves.
Sin embargo, señaló que el problema surgió al desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal y dar paso al nuevo órgano de administración judicial. “Ha pasado ya el tiempo suficiente para que se cumpla lo que dice la reforma y el transitorio de la Ley Orgánica”, sostuvo.
¿Dónde están los 6,500 millones?
De acuerdo con Muñoz, ha habido dos reuniones formales con las autoridades. En la primera, les informaron que se estaban gestionando 6,500 millones de pesos para cubrir prestaciones e indemnizaciones.
Pero el comunicado más reciente —del 10 de este mes— dejó más dudas que respuestas. “Únicamente nos dijeron que el 10 de diciembre podíamos venir a formarnos para recibir el pago. En qué términos, no se sabe”, denunció.
Agregó que la ley es clara al establecer que el pago debe realizarse bajo el concepto de salario integrado, algo que no fue especificado. “Ese es el punto de preocupación: no se establecen las condiciones del pago”, advirtió el magistrado.
Exigen certeza jurídica y transparencia
Muñoz pidió que el nuevo órgano de administración judicial respete la ley y garantice las liquidaciones de jueces conforme lo establece la Constitución y los transitorios de la reforma.
Mientras tanto, los juzgadores continúan a la espera de que el monto, el método y las condiciones de pago sean detalladas de manera oficial, sin opacidad ni dudas sobre el destino de los recursos.
El debate sobre las liquidaciones de jueces sigue generando tensiones y cuestionamientos sobre el uso de los 6,500 millones destinados a este proceso.