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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Gabriel Regino, abogado, habló sobre la reforma a la Ley de Amparo.
Regino advirtió que la reciente reforma a la Ley de Amparo no solo pasó sin modificaciones sustanciales desde que fue propuesta por el Ejecutivo, sino que además incrementará considerablemente la dificultad para que los ciudadanos accedan a esta figura legal, considerada una de las principales herramientas de protección frente a abusos de autoridad.
“La última reforma que le va a pasar más allá del ruido legislativo de su retroactividad, que van a resolver en la Cámara de Diputados, eso es lo de menos, no tiene ninguna trascendencia”, aseguró Regino. “Lo trascendente es que la iniciativa quedó exactamente igual como la pidió la presidencia de la República sin importar las consultas que se hicieron”.
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Se endurecen los requisitos para interponer un amparo
Gabriel Regino explicó que, con esta reforma, las personas que deseen promover un juicio de amparo deberán acreditar con mayor rigor que tienen razón antes incluso de que el juez evalúe su caso, lo que podría dejar fuera a miles de ciudadanos sin recursos o sin asesoría especializada.
“Ahora, cuando se vaya a promover un amparo, se tiene que acreditar no solo que se tiene razón, sino tener razón anticipada. Es exigir al demandante que ya tenga la razón desde el inicio”, comentó. “Esto va a impedir que grupos colectivos que quieran reclamar, por ejemplo, daño al medio ambiente, puedan hacerlo. Sus demandas no van a pasar”.
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Nuevo concepto: “interés suspensional”
Otra modificación importante es el aumento de requisitos para solicitar una suspensión del acto reclamado —una de las medidas más urgentes y efectivas dentro del juicio de amparo—, a través de la introducción del concepto “interés suspensional”.
“Es una trampa legislativa. Ahora se necesita demostrar ese nuevo concepto para que el juez pueda conceder la suspensión. Le están agregando más filtros, más complicaciones, cuando debería ser al revés”, señaló el abogado.
¿Retroceso en derechos?
Organizaciones civiles han advertido que esta reforma podría significar un retroceso en los mecanismos de defensa frente a decisiones arbitrarias del Estado. Aunque la atención mediática ha estado enfocada en el artículo transitorio que haría retroactiva la reforma —tema que aún debe discutirse en la Cámara de Diputados—, expertos como Regino sostienen que el verdadero problema está en el diseño restrictivo de los nuevos requisitos.
Con esta reforma, la Ley de Amparo deja de ser una herramienta accesible para todos y se convierte, según sus críticos, en un proceso técnico, costoso y más difícil de ganar, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.