En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Francisco Cue, coordinador de Incidencia Política de Gire, tocó el tema de como Chiapas aprueba abortos legales para menores víctimas de abuso y Querétaro rechaza una iniciativa para despenalizarlo.
En un paso crucial por los derechos reproductivos, el Congreso de Chiapas ha aprobado la iniciativa que garantiza el acceso al aborto seguro para las víctimas de violencia sexual, incluyendo a niñas y adolescentes.
Este movimiento, impulsado por diputadas de diversas bancadas, busca combatir la desinformación y asegurar que "las instituciones de salud del Estado presten los servicios de aborto seguro".
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A pesar de que la Ley General de Víctimas ya reconocía este derecho desde hace más de una década, muchos desconocían sus alcances. Francisco, un analista de políticas públicas, comentó: "Es necesario aclarar que cualquier persona con capacidad de gestar puede interrumpir un embarazo resultado de violación sin restricciones. Esto es un avance significativo para las mujeres en nuestro país".
La despenalización del aborto en Chiapas llegó tras un largo proceso judicial que evidenció la urgencia de modificar los códigos vigentes. En este contexto, es importante entender por qué se específica el acceso para menores: "El embarazo infantil y adolescente es, en su mayoría, consecuencia de violencia sexual, y se debe garantizar que todas tengan acceso a esta opción legal".
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Situación en Querétaro
Por otro lado, la situación es diferente en Querétaro. Hace unas horas, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del estado votó negativamente un proyecto para despenalizar el aborto, presentando un rechazo inesperado considerando que ya hay un consenso a favor en otros estados.
La decisión fue tomada por una comisión compuesta únicamente por hombres, lo cual ha generado una ola de críticas en la sociedad civil. "Pese a que ya existe un mandato de la Suprema Corte que favorece la despenalización, el Congreso de Querétaro se resiste a avanzar", dijo Francisco al respecto.
La falta de acceso a la interrupción legal del embarazo en este estado ha llevado a organizaciones como GIRE a presentar amparos para garantizar la ley.
Esta táctica legal es un intento por forzar al Estado a seguir el criterio de la Corte, que desde el 2021 dictó que los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto son inconstitucionales. "Aunque el Congreso se niega a resolver este vicio de inconstitucionalidad, vamos a luchar por garantizar nuestros derechos", concluyó Francisco.
Mientras Chiapas avanza hacia la protección de derechos reproductivos, las organizaciones en Querétaro siguen trabajando para cambiar las leyes.