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En entrevista con Juan Manuel Jiménez, para MVS Noticias, platicamos con Elizabeth Mateos, diputada local del PT, sobre la iniciativa con proyecto de ley para castigar a los infieles. La legisladora abordó la polémica propuesta que busca añadir una nueva fracción al Código Civil para modificar la distribución de bienes en caso de divorcio cuando una de las partes haya incurrido en conductas abusivas.
La diputada Mateos explicó que su iniciativa busca añadir una fracción quinta bis al artículo 167 del Código Civil, que rige el régimen matrimonial conyugal. Actualmente, cuando el vínculo se disuelve—incluso por la vía del divorcio incausado—, ambas partes se reparten el 50 por ciento de los bienes y patrimonio. Sin embargo, la diputada calificó esto como una “total injusticia” cuando una de las partes ha ejercido violencia, abandono o infidelidad. “Equidad no significa necesariamente que nos tengamos que repartir la mitad”, aseguró.
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No es un tema moral: El juez definirá el porcentaje de liquidación
La diputada enfatizó que esta no es una propuesta conservadora ni moral, sino de justicia sustantiva que aplica por igual a hombres y mujeres. La legislación se activaría en casos de: “violencia emocional, sexual, física. Puede ser en casos de que se abandone el domicilio conyugal. Puede ser en caso de que haya infidelidad en la pareja”. También se incluyen las adicciones no tratadas que afecten la vida de pareja o cualquier otra conducta dolosa o abusiva.
El cambio más significativo es que, al comprobarse cualquiera de estas causales, el cónyuge afectado podría no estar obligado a liquidar el 50 por ciento de los bienes. La diputada precisó que un juez será quien defina si corresponde el 40 por ciento, el 30 por ciento, o incluso si el cónyuge responsable no recibe “absolutamente nada”. Es crucial que la parte afectada presente evidencia contundente, pues no basta con una mera sospecha.
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El matrimonio como contrato de exclusividad
Elizabeth Mateos aclaró que la iniciativa no modifica las causas de divorcio ni trastoca el divorcio incausado, salvaguardando la autonomía de las personas para disolver el vínculo. Su enfoque se centra exclusivamente en la liquidación patrimonial bajo el régimen conyugal. La diputada recordó que, a diferencia de la unión libre, “el matrimonio sí es un contrato de exclusividad”.
La legisladora admitió que la propuesta ha generado polémica, incluso entre sus colegas varones del Congreso, pero insistió en que busca proteger a la parte que ha sido trabajadora, fiel y proveedora de un patrimonio. De esta manera, se busca que el Código Civil atienda las dinámicas de violencia y el incumplimiento de los acuerdos conyugales para que el resultado de un divorcio sea verdaderamente justo.