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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, el abogado Irving Regino habló con Sheila Amador sobre la queja presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la Reforma Judicial impulsada en México.
El especialista expresó su preocupación por la amenaza que esta reforma representa para la independencia judicial y la democracia en el país.
"Nosotros, a nombre de la ciudadanía, entendemos que se está violentando la división de poderes, los pesos y contrapesos, lo que nos ayuda a que haya una verdadera democracia e independencia en los poderes y esta reforma pretende mermar la independencia", comentó Regino.
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Ante la imposibilidad de acudir a una instancia nacional, que según el abogado está alineada con el gobierno, decidieron recurrir a la CIDH.
"Nosotros al no poder acudir a una dependencia de nuestro país, que está prácticamente del lado del gobierno, ante esta circunstancia establecimos un estado de excepción por el cual acudimos a la CIDH para poner en conocimiento lo que se está gestando y establecer medidas cautelares de protección", explicó.
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Regino advirtió sobre el riesgo de perder la independencia judicial, un pilar fundamental del sistema democrático.
"Los jueces podríamos tener este riesgo de perder la independencia judicial de la cual gozamos", afirmó.
¿Qué se busca con la queja ante la CIDH por la Reforma Judicial?
Las medidas cautelares solicitadas buscan prevenir violaciones graves a los derechos humanos durante el proceso de evaluación de la queja.
"Estas medidas de protección buscan que se eviten las violaciones graves a derechos humanos", agregó.
El proceso ante la CIDH implica que la comisión deberá notificar al Estado mexicano, que a su vez tendrá que responder.
"La comisión deberá notificar al Estado mexicano, el gobierno tendrá que dar respuesta a la comisión, se turna a estudio, debido proceso, para que las partes sean escuchadas", detalló Regino.
Mientras se resuelve la queja, el abogado espera que se suspenda la reforma judicial.
“Solicitamos medidas de protección para que se haga una recomendación al Estado para que quede parado el proceso de la reforma en lo que se resuelve si la reforma es violatoria o no de derechos", concluyó.
Regino comparó este proceso con el amparo, buscando que la reforma quede en suspenso hasta que se determine su legalidad.
"Es algo similar [al amparo]... para que se pueda entender, que pueda quedar en suspenso", finalizó.
Esta acción subraya la preocupación por el impacto de la reforma judicial en la independencia de los jueces y la salud democrática de México, esperando una respuesta favorable de la CIDH para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.