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En su colaboración para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Laura Coronado, abogada y especialista en cultura digital, analizó el polémico anteproyecto de ley en España, que plantea obligar a los influencers y creadores de contenido a rectificar cuando difundan noticias falsas.
Según la académica, esta iniciativa podría tener implicaciones en la libertad de expresión y en el ecosistema digital global.
“El gobierno de Pedro Sánchez impulsa esta ley argumentando que busca combatir las noticias falsas, pero plantea muchas preguntas: ¿Quién decidirá qué es verdadero y qué no? Estamos viendo una especie de inquisición digital”, expresó.
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Además, destacó que la medida afecta a cualquier creador con más de 100 mil seguidores, reduciendo significativamente el umbral para considerar a alguien como influencer: “Hace dos años decían que era alguien con un millón de seguidores; ahora son 100 mil. Esto cambia las reglas del juego”.
El anteproyecto genera inquietud por su enfoque en definir y penalizar la desinformación.
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Riesgos de plan de España para combatir noticias falsas
Coronado señaló que, aunque combatir las noticias falsas es importante, la propuesta plantea riesgos: “Todos tenemos derecho a disentir y a decidir el peso que le damos al contenido que consumimos. Pero aquí parece que estamos viendo verdades ajustables, según lo que diga el gobierno”.
Este movimiento de España no es aislado, sino parte de una tendencia global. Coronado lo comparó con iniciativas como el intento de prohibir TikTok en Estados Unidos o las regulaciones que se discuten en el Congreso de México.
“Es un tema global que refleja la creciente tensión entre la libertad de expresión y la necesidad de regular el contenido en internet”, añadió.
La especialista concluyó haciendo un llamado a la reflexión: “Si empiezas a prohibir o regular excesivamente, puedes coartar derechos fundamentales. Es necesario encontrar un equilibrio entre combatir la desinformación y proteger el derecho a disentir”.
Este anteproyecto en España pone en el centro del debate global el desafío de regular las noticias falsas sin comprometer la libertad de expresión, marcando un precedente que podría influir en políticas similares alrededor del mundo.