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En entrevista con Pamela Cerdeira para MVS Noticias, Gerardo Álvarez, investigador de incidencia política en México Unido contra la Delincuencia A.C, habló sobre que se prepara la Cámara de Diputados para impulsar reforma que amplia delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa.
"La propuesta es ampliar este delito, que ya de por sí es bastante extenso", explicó. "Se plantea agregar explotación, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos que fije la ley", agregó.
De acuerdo con Álvarez, esta reforma generaría un cambio en la política de encarcelamiento preventivo, que actualmente enfrenta numerosas críticas por su impacto en personas en condiciones de vulnerabilidad, "la gran mayoría de las personas que están en la cárcel no tienen sentencia", dijo.
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Falta voluntad de las autoridades por generar justicia
En su opinión, la prisión preventiva oficiosa crea "incentivos negativos" para la profesionalización de la Fiscalía, ya que elimina la obligación de argumentar en cada caso si una persona debe o no enfrentar su proceso desde prisión.
"Es una cuestión de falta de voluntad política para aumentar las capacidades técnicas", afirmó, cuestionando las políticas carcelarias que priorizan la criminalización sin evidencia empírica que respalde una relación entre el aumento de penas y la reducción de la criminalidad.
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Por último, Gerardo Álvarez hizo énfasis en cómo las condiciones del sistema carcelario afectan a personas que, por falta de recursos y defensa legal adecuada, enfrentan tiempos de encarcelamiento mayores a los permitidos por la ley.
"Hay gente en la cárcel precisamente por las condiciones del sistema carcelario en México. A pesar de que hay un límite constitucional, las condiciones materiales del sistema evitan que se haga efectivo", sentenció.