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La reciente cancelación de la orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez por los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal ha generado debate en el ámbito político y jurídico.
En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Gabriel Regino, abogado y analista, criticó duramente esta decisión, señalando implicaciones políticas en el proceso.
La Fiscalía General de la República (FGR) notificó que retiró la solicitud de extradición presentada ante el gobierno de Estados Unidos para detener a Miguel Ángel Yunes Márquez, quien había sido acusado por hechos ocurridos durante su gestión como alcalde de Boca del Río.
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¿Qué hay detrás de esto?
Al respecto, Gabriel Regino comentó: “El poder punitivo se utiliza siempre con fines políticos, y aquí tenemos la máxima expresión de ello”.
Regino destacó que esta medida refleja lo que denominó como “gatopardismo” en el sistema político mexicano: “Con el paso de los meses, el sistema se vuelve funcional al régimen, y a cambio recibe beneficios como la cancelación de procesos legales”.
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En este contexto, cuestionó la legalidad de la decisión, argumentando que la ley exige nuevos datos para justificar la cancelación de una orden de aprehensión. “¿Cuáles son esos nuevos datos para decir ya no se te persigue?”, preguntó.
¿Norma Piña a la cárcel?
El abogado también señaló que el uso del derecho penal con fines políticos no es un fenómeno aislado.
“El partido en el poder, Morena, ha presentado numerosas demandas de juicio político contra ministros y jueces, lo que podría culminar en su destitución y posterior persecución penal”, explicó.
Finalmente, Regino advirtió sobre las repercusiones de estas prácticas para el sistema de justicia en México: “Lo que está en juego no solo son los derechos de las personas involucradas, sino la credibilidad de nuestras instituciones”.
El caso de Miguel Ángel Yunes Márquez sigue generando preguntas sobre la relación entre política y justicia en el país, destacando la necesidad de fortalecer un sistema legal que garantice imparcialidad y respeto al Estado de derecho.