¿Qué implica la iniciativa que busca prisión de oficio por delitos fiscales?

En entrevista para MVS Noticias con Manuel López San Martín, Eduardo Torreblanca, experto en finanzas, habló sobre iniciativa presidencial busca prisión de oficio por delitos fiscales en el país.  

Una medida vinculada a la crisis económica: "El gobierno necesita estrategias más agresivas"

Torreblanca explicó que la iniciativa para incluir los delitos fiscales como susceptibles de prisión preventiva oficiosa se da en un contexto de incertidumbre económica. Según el experto, la política fiscal del gobierno busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de empresas y particulares, ante la previsión de una desaceleración económica.

"Me parece que en el contexto de la preparación de un complejo problema macroeconómico para el 2025, el gobierno será el que cubra en salud, dando mayores elementos para establecer estrategias mucho más agresivas para fiscalizar con mayor poder a las empresas y a los particulares", explicó Torreblanca.

"Bajo el esquema de que posiblemente estén degradando al fisco, amenazan con la cárcel, con esta opción de poder capturar rivales de la libertad a los particulares", indicó.

Fiscalización más dura para compensar ingresos fiscales menores

Torreblanca también mencionó que, aunque el gobierno ha logrado avances en la fiscalización desde el año pasado, estos resultados no pueden mantenerse a largo plazo sin una economía sólida. "La verdad es que desde el año pasado se hizo un trabajo fiscal importante que ofreció resultados relevantes, pero esos resultados no pueden extenderse todo el tiempo", señaló.

Para 2024, el gobierno espera un ajuste fiscal de 650 mil millones de pesos. Sin embargo, la proyección de crecimiento económico es de solo un 1.5%, por debajo del 2.5% que estimaba originalmente el gobierno.

Torreblanca destacó que esta situación es un factor clave detrás de la propuesta de incluir los delitos fiscales como una categoría susceptible de prisión preventiva oficiosa, lo que se enmarca en un contexto más amplio de ajustes económicos y de presión sobre el sistema fiscal. "Para tener una compensación, se pone una política o una estrategia más agresiva de fiscalización a empresas y particulares", afirmó.

Los riesgos de la prisión preventiva y el respeto a los derechos humanos

Aunque la propuesta de aplicar prisión preventiva oficiosa a los delitos fiscales es parte de una estrategia para aumentar la recaudación, Torreblanca recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Estado mexicano viola los derechos de los ciudadanos al aplicar medidas como el arraigo o la prisión preventiva oficiosa sin pruebas suficientes.

En este contexto, el experto concluyó que, aunque la medida puede ser vista como parte de una estrategia para enfrentar los problemas fiscales del país, también es necesario un debate sobre sus implicaciones jurídicas y los posibles ajustes que el gobierno deberá hacer para no contravenir los derechos humanos. "Esto va a merecer algunos ajustes, pero en este contexto es lo que tendría que estudiarse y explicarse esta estrategia", finalizó Torreblanca.