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En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Georgina de la Fuente, analista y socia de Strategia Electoral, habló sobre que con más de 600 cargos en juego y más de 4 mil aspirantes, la elección de jueces, ministros y magistrados comienza el año que viene. ¿Cuáles son las fechas clave?
La reforma constitucional aprobada el mes pasado sentó las bases para la elección de jueces y magistrados, pero la analista considera que este proceso no respeta el artículo 105 de la Constitución mexicana. Este artículo establece que cualquier reforma en materia electoral debe ser aprobada al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral en el que se desea aplicar.
"Estamos ante un proceso de reformas fuera de cualquier parámetro constitucional", subrayó De la Fuente.
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Añadió que, si bien la reforma aprobada en el Congreso establece un transitorio que excluye al artículo 105, no es posible aplicar de manera unilateral o discrecional qué artículos de la Constitución deben seguirse.
Además, la reforma secundaria aprobada recientemente modifica dos leyes clave: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La reforma al INE y la Junta General Ejecutiva
Uno de los cambios más polémicos es la reforma estructural al Instituto Nacional Electoral (INE), una medida que ni siquiera fue incluida en la propuesta original de la presidenta, sino que fue añadida a última hora como una reserva. Esta reforma otorga a la Junta General Ejecutiva del INE mayores atribuciones para decidir sobre aspectos técnicos relacionados con las elecciones para el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La analista destacó que la Junta General Ejecutiva, tradicionalmente encargada de asuntos administrativos y técnicos, ahora tendrá el poder de establecer los acuerdos necesarios para la ejecución del proceso electoral judicial. Esto, en sí mismo, podría representar un conflicto, ya que las personas designadas para formar parte de esta junta serán propuestas directamente por la presidenta, otorgándole un control discrecional sobre aspectos clave del proceso electoral.
"Lo que sí deja esta reforma es abierto a que la presidenta pueda discrecionalmente decidir qué somete a la consideración de la Junta General Ejecutiva, que van a ser personas designadas por ella misma", explicó De la Fuente.
Este cambio podría comprometer la autonomía y transparencia del INE, ya que la presidenta tendría la facultad de nombrar a los titulares de la Junta sin requerir la aprobación del Consejo General del INE, algo que anteriormente exigía al menos ocho votos del consejo.