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En su colaboración con Luis Cárdenas para la Primera Emisión de MVS Noticias, Jorge Andrés Castañeda, fundador de Kairós Consultores, habló sobre la iniciativa de reforma administrativa federal.
El 24 de marzo de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados esta propuesta para modificar 23 leyes federales concernientes a la administración pública.
Por medio del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el mandatario compartió el oficio con la propuesta “con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia administrativa” al presidente de la Mesa Directiva de la cámara baja, Santiago Creel Miranda.
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“Es una propuesta de decreto de modificar 23 leyes secundarias y tiene muchísimas cosas allá dentro, en conjunto sí plantea esta reforma y se puede leer en una exposición de motivos, la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador”, contextualizó el especialista.
Esta legislación “tiene que ver con el papel que juega el Estado y gobierno contra la economía y los mercados”, según Jorge Andrés Castañeda.
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“Es la visión que tiene el presidente que estos últimos 30 y 40 años del periodo neoliberal, donde México y el mundo se alejó de esta dinámica dirigista del gobierno que manejaba la economía”, opinó el experto.
Sin embargo, hay algunas cosas relevantes y “positivas” de la reforma administrativa como que se permite un adelanto en las compras públicas, lo que ayudaría a la adquisición de medicamentos.
A esto se suma la capacidad del gobierno de empezar obras públicas sin tener los permisos, lo que le daría “legalidad” a este asunto.
¿Cuáles son las consecuencias de la reforma administrativa?
De acuerdo con el fundador de Kairós Consultores, esta reforma modifica “muchas cosas que ya existen, pero con estos pequeños cambios dota de más poder al Estado”.
“Introduce o modifica diferentes figuras del derecho administrativo como la revocación de contratos con las empresas”, dijo. “Esto es lo que más preocupa con una cláusula exorbitante para cancelar los contratos, le da más facultades al Estado de hacerlo más discrecional”.
La reforma administrativa “mina la confianza en un momento en que puede llegar más ‘nearshoring’” y cambian “las reglas del juego”, así como la relación “Estado-empresas”.
Según el entrevistado, esto “podría ser un obstáculo para el éxito de la captura de toda esta oportunidad e inversiones que están allá fuera”.
“Dota al Estado y al gobierno, a la administración pública en particular, de atribuciones que no tenía, con el interés público y la soberanía nacional”, agregó.
La reforma administrativa aún tiene que ser aprobada en comisiones, en el pleno de la Cámara de Diputados y en el Senado.