La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) anunció una enmienda a la orden emitida en 2025, en la cual identificó a CIBanco S.A. como una entidad extranjera de “principal preocupación” en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides.
La orden original prohibía a las instituciones financieras estadounidenses realizar cualquier transferencia de fondos desde o hacia CIBanco, debido a su presunta participación en operaciones financieras que facilitaron actividades de organizaciones delictivas como el Cártel del Golfo, la organización de los Beltrán-Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La nueva disposición autoriza ciertas transferencias de fondos que deben ser ordinarias, incidentales y necesarias para que el Gobierno de México complete la liquidación y disolución de CIBanco.
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Para ello, establece dos condiciones: que el liquidador designado por el Gobierno de México determine que la transferencia es indispensable para el proceso de liquidación y que la operación no esté prohibida por otras leyes aplicables.
En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a CIBanco como una institución de “preocupación primaria” por lavado de dinero, vinculada a operaciones para lavar alrededor de 10 millones de dólares a favor del Cártel del Golfo, así como al procesamiento de pagos entre empresas mexicanas y firmas chinas para adquirir precursores químicos de fentanilo entre 2021 y 2024. También se señaló la participación deliberada de empleados en la apertura de cuentas para facilitar estas operaciones ilícitas.
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Tras esta determinación de las autoridades estadounidenses, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino CIBanco en junio de 2025 y posteriormente impuso multas por 53.6 millones de pesos por fallas en prevención de lavado de dinero y opacidad documental.
El 10 de octubre de 2025, el IPAB anunció la revocación de la licencia de CIBanco y el inicio formal de su liquidación.
