El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que tras la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, los estándares de cumplimiento con los que cuenta el pais, son insuficientes.
Víctor Manuel Herrera, Presidente del Comité Nacional de Estudios económicos del IMEF señaló, que de poco servirá tratar de estar combatiendo los efectos de éstos señalamientos como los que hizo el FINCEN, por lo que consideró que será mejor darle cumplimiento y en especial, hacer que los requerimientos evolucionen a los estándares internacionales.
El experto consideró que hubo cierta resistencia a que los carteles de las drogas fueran designados grupos terroristas, pero hoy dijo es una realidad.
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“Nuestra legislación había estado preparada para enfrentar esos riesgos de prevención de lavado de dinero, hasta que salió la orden ejecutiva del presidente Trump en enero 20, en donde iba a nombrar a los carteles como organizaciones terroristas. México no está preparado para enfrentar este tipo de riesgo; pero financiamiento al terrorismo puede ser a través de recursos de procedencia ilícita o recursos legales; un restaurante puede estar financiando a grupos terroristas... es un hecho que va a estar esta designación 3, 4 años y tenemos dos opciones o adaptarnos a ella o seguirla peleando y no nos va a llevar a ningún lado, entonces es mejor adecuar nuestro Marco regulatorio”.
El IMEF recordó que con datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se estima que cada año hasta 30 mil millones de dólares, producto del narcotráfico, son enviados por los cárteles a México.
Por lo que no se descarta que un porcentaje de esa cantidad, utilice empresas establecidas para el envío de los recursos, y no solamente a través del sector financiero.
Victor Manuel Herrera apuntó que hay todavía muchos vacíos legales y reconoció que los bancos mexicanos si bien cuentan con esquemas de prevención del lavado de dinero, sus esquemas distan mucho de lo que tienen otros bancos como los americanos, lo que deja a todo el sistema financiero en un diferencial negativo para nuestro país.
En este sentido, José Antonio Quezada, asesor de la Presidencia del IMEF, indicó que para alcanzar la agenda a 2030, planteada por la ABM, hay pendientes, que no se están tocando, como por ejemplo, la acción de un empleado que permita operaciones ilegales.
“Dónde no revisan implicaciones adicionales exactamente en la estructura de la ABM, de los bancos que tienen de alguna manera ya una mejor práctica, no obstante van a reforzar el combate anti lavado en este periodo y hacia el 2030 con una serie de controles adicionales que no necesariamente caen en una ley anti lavado, sino en otras leyes que han estado promulgándose... y es que la normativa puede estar muy bien pero si hay algún empleado interno que evita que esos controles se apliquen y le abre las puertas a terceros para poder operar con la institución ya son casos excepcionales, que de alguna manera vulneran el sistema de control que tiene esa institución”
Señaló que se require un trabajo conjunto entre autoridades, reguladores, instituciones y hasta los socios comerciales para reforzar por un lado las leyes de Prevención de Lavado de dinero, para así asegurar que se da cumplimiento.