El Paquete Económico 2026, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión, incluye una modificación al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que impactaría directamente el precio de los cigarros en México. La iniciativa ha generado un intenso debate entre autoridades, que buscan recaudar más para salud pública, y la industria, que advierte sobre el fortalecimiento del mercado ilícito.
¿En qué consiste la reforma al impuesto del cigarro?
El Paquete Económico 2026 plantea cambios significativos en la fiscalidad de los productos de tabaco y nicotina, los cuales se implementarían de manera gradual.
La reforma se sustenta en dos ejes principales:
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- Aumento de la tasa ad valorem: El impuesto que se calcula sobre el precio base del producto aumentaría del 160% al 200%.
- Incremento de la cuota específica: El gravamen fijo por cada cigarro pasaría de 0.6445 pesos en 2025 a 0.8516 pesos en 2026, con aumentos progresivos hasta alcanzar 1.1584 pesos por unidad en 2030.
Esta propuesta también busca ampliar la base gravable incorporando a productos emergentes como bolsas de nicotina de uso oral y dispositivos electrónicos, aplicándoles la misma tasa del 200%.
El impacto directo en el bolsillo: ¿Cuánto costará fumarse un cigarro?
El ajuste fiscal se traduciría en un aumento tangible en el precio final que pagan los consumidores. Según estimaciones del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, retomadas por medios nacionales, el incremento implicaría que cada cajetilla se encarecería al menos 20 pesos a partir de 2026.
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Actualmente, una cajetilla de 20 cigarros de las marcas más comunes tiene un precio aproximado de 70 a 80 pesos. Con la entrada en vigor de la reforma, este precio podría escalar a un rango de 90 a 100 pesos por cajetilla.
¿Qué sigue en el proceso legislativo?
La propuesta de Miscelánea Fiscal 2026 se encuentra ahora en manos del Poder Legislativo. La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para su análisis y aprobación, mientras que el Senado de la República dispone de plazo hasta el 31 de octubre.
Mientras los legislativos deliberan, el debate sobre la efectividad de esta política fiscal está servido. Por un lado, existen estudios que respaldan el impacto positivo de los impuestos en la salud pública; por el otro, los actores industriales insisten en que la evidencia histórica en México muestra que esta estrategia ha tenido resultados contraproducentes en el pasado. La decisión que tomen los congresistas definirá no solo el precio de la cajetilla de cigarros, sino el rumbo de la política de salud y la lucha contra el mercado ilegal en el país.