México perdió una disputa con Estados Unidos relacionada con el comercio de maíz genéticamente modificado (GMO), según la resolución emitida por un panel de solución de diferencias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), según informó este viernes la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
Según la USTR, el panel coincidió con Estados Unidos en las siete demandas legales, concluyendo que las medidas adoptadas por México no están fundamentadas en la ciencia y afectan el acceso al mercado que México se comprometió a ofrecer en el T-MEC.
En 2023, Estados Unidos presentó el caso ante el T-MEC debido al rechazo de México al uso de maíz transgénico en la harina y masa utilizadas para hacer tortillas, un alimento esencial en la dieta mexicana, argumentando que la decisión no se basaba en evidencia científica y contravenía los compromisos establecidos en el acuerdo regional.
Te podría interesar
"La decisión del panel reafirma las preocupaciones de larga data de Estados Unidos sobre las políticas biotecnológicas de México y su impacto perjudicial en las exportaciones agrícolas estadounidenses", informó Katherine Tai, representante Comercial de Estados Unidos.
Te podría interesar
Tras resolución, el Gobierno de México afirma que respetará la determinación del Panel
Por medio de un comunicado, autoridades mexicanas afirmaron que no comparten la determinación del Panel, puesto que, considera, “las medidas cuestionadas están alineadas con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales”.
No obstante, aseguraron que respetarán dicha resolución, “ya que el sistema de solución de controversias del T-MEC es una pieza clave de dicho tratado, como quedó demostrado en el caso sobre Reglas de Origen del sector automotriz que resultó favorable para México”.
En su comunicado, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y demás dependencias, reafirmó su compromiso de "proteger valores fundamentales como la salud, la moral pública, la conservación de los recursos naturales, la cultura de la población mexicana y los derechos de los pueblos indígenas, los cuales fueron reconocidos por el Panel como preocupaciones legítimas".