De acuerdo a las afirmaciones hechas por el Presidente este fin de semana en gira por el sureste, será con el nombre de Mexicana con el que vuele la nueva aerolínea que el gobierno impulsa. Esto, después del fallo del Tribunal Colegiado emitido la semana pasada que tuvo por consecuencia el retiro de una medida provisional de suspensión a la compra de la marca.
Sobre el tenor, se hace necesario emitir las siguientes declaraciones:
1. El fallo del Tribunal levantó la suspensión de la venta sin resolver aún el fondo del litigio. Es decir, el juicio sigue su curso hasta la obtención de una resolución de última instancia. Nos complace saber que Mexicana volará nuevamente. Como lo hemos dicho siempre, no nos oponemos a que esto suceda.
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2. Se vuelve imperativo reconocer que los ataques públicos al sistema judicial, a las resoluciones de los jueces y hasta a los profesionales (abogados) no abonan a la certidumbre jurídica en nuestro país. No se debería desde ninguna posición, atacar un día una resolución judicial desfavorable, para acatar al día siguiente una que nos beneficie. Los jubilados fuimos testigos de que la justicia se interpreta y aplica de acuerdo a los diferentes momentos y actores políticos. No importa contar con sentencias (laudos) definitivos ni lo que éstos ordenan, sino lo que los gobiernos quieren:
Uno fue omiso en su vigilancia y permitió la quiebra de Mexicana, es decir, quería una aerolínea menos; el siguiente, nada hizo por vigilar que las autoridades cumplieran con su función y se pagara a sus trabajadores; tampoco fue capaz de poner frente a la justicia a los empresarios artífices de la quiebra, en otras palabras, quiso nadar de muertito. El último, el actual, quería una marca para operar su propia aerolínea. Los tres gobiernos hicieron lo que quisieron.
No fue un tema de derechos, no fue un tema de justicia, fue, como muchas cosas en este país, un asunto de voluntad política de la clase gobernante. No obstante, estamos en la obligación y en el derecho de seguir luchando por nuestro laudo, por nuestras pensiones y por ende, por nuestra subsistencia.
Ahora que, con toda seguridad estarán acelerando la compra de la marca y bienes de Mexicana, es necesario aclarar que:
- El monto recabado no se repartirá equitativamente entre los trabajadores como lo afirma el Presidente, sino que el monto se distribuirá de acuerdo al importe de los últimos salarios devengados (según puesto y categoría), con lo que serán mayormente beneficiados los que en ese momento ganaban más, pues, como se puede apreciar en la gráfica adjunta, entre directivos y pilotos (siendo los menos numéricamente) se llevarán casi 2/3 partes del monto total.
- Este conflicto permitió demostrar que la información que le vierten al presidente es, por decir lo menos, imprecisa. No era posible una compra-venta de Mexicana sin considerar los juicios interpuestos por los trabajadores, tampoco se había llegado a un acuerdo con todos los trabajadores, ni la distribución será pareja ni equitativa; menos aún será justa.
- También quedó demostrado que jamás se consideró nuestra solicitud de audiencia con el titular del ejecutivo; esto no obstante fue compromiso de parte de la ahora Secretaria de Gobernación. Nunca fuimos escuchados.
- Es la ley la que ordena que, al venderse los bienes, deben pagarse los adeudos a los trabajadores y así debiera hacerse, la propuesta impulsada por el gabinete del Presidente obedece a un acuerdo administrativo que, bajo ninguna circunstancia puede ser considerado como liquidación de nuestros derechos o sustitutiva de las sentencias previas obtenidas. Distribuir el fruto de los bienes de manera diferente a lo estipulado por la ley, es pasar por encima de ella.
A nuestros abogados, quienes fueron una y otra vez señalados en público y en privado por el gobierno como elementos disruptivos en el caso, nuestro agradecimiento y reconocimiento pues nunca cedieron a la presión, han estado para nosotros como no lo estuvieron los sindicatos y, desde hace 8 años no han hecho más que representar nuestra voluntad, velar por nuestros derechos y sostener con su profesionalismo nuestra dignidad por encima de intereses mezquinos.
Vivimos en un país de leyes, para eso tenemos una Constitución, una Ley Federal del Trabajo. No hay razón alguna para renunciar a lo que por derecho, y tras años de litigio, nos corresponde.