Los mexicanos que están regresando al país, repatriados de Estados Unidos, están enfrentando una grave problemática, pues al tratar de reintegrarse a sus comunidades y a la vida económica, se están viendo obligados a trabajar en la informalidad.
Quienes ya cuentan con un trabajo formal no perciben salarios mayores a los cinco mil pesos al mes, alertó la bancada del Partido Nueva Alianza (Panal) en la Cámara de Diputados.
La diputada Carmen Victoria Campa, señaló agregó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los estados que más repatriados registran son Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Al advertir sobre tal situación, la congresista apuntó que según el Instituto Nacional de Migración (INM), en 2016 fueron repatriados 219 mil 932 mexicanos, seis por ciento que en el 2015.
La autoridad ha señalado, indicó, que los estados con mayor número de connacionales deportados del territorio norteamericano, son Michoacán, Guerrero y Oaxaca, que agrupan al 30% del total de los paisanos, con 63 mil 852.
Para atender tal situación, agregó la diputada Campa Almaral, es necesario ajustar la Ley General de Población, a fin de establecer como obligación de la Secretaría de Gobernación (Segob), “fomentar la plena integración de los repatriados al desarrollo nacional, a través de los servicios económicos, educativos, sociales y culturales, así como de los apoyos y beneficios gubernamentales”.
La congresista expuso que el país debe implementar políticas públicas para recibir del modo adecuado a los repatriados y brindarles condiciones dignas de vida, trabajo, salud, educación y reinserción social, mismas que buscaron en Estados Unidos, ante la incapacidad de sus gobernantes de otorgarlas en sus lugares de origen.
“La pobreza y la escasa oferta de empleos dignos que permitan acceder a una mejor calidad de vida, han obligado a las personas a alejarse de sus tierras en busca de mejores empleos, dejando a sus familias desprotegidas y solitarias, tan sólo con la esperanza de poder brindarles una mejor vida”, lamentó.
La reforma propuesta, abundó, pretende que la autoridad desarrolle acciones “descentralizadas, subsidiarias, solidarias y corresponsales, en las que el gobierno y la sociedad encaren conjuntamente problemas colectivos, con el fin de llegar a los mejores términos”.
Prevé generar una política pública enfocada particularmente a los connacionales expulsados de Estados Unidos, a fin de abrir espacios laborales, de vinculación económica y desarrollo, para evitar que a su retorno a México, empobrezcan aún más.