El Estadio Alfredo Harp Helú, sede de los Diablos Rojos del México, enfrenta un momento decisivo. El Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), que permitió su construcción y operación por parte del Centro Deportivo Alfredo Harp Helú, S.A. de C.V., vence el próximo 3 de noviembre de 2025, según información del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte).
Este permiso fue concedido en 2015 por el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y otorgó el uso exclusivo de 77,798 metros cuadrados de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, incluyendo estacionamientos y zona de comida rápida, para la construcción y explotación del estadio por 10 años, con la posibilidad de extenderse hasta por 30 años en total.
¿Qué recibió la ciudad a cambio?
A diferencia de otras concesiones públicas, este acuerdo no incluyó pagos o contraprestaciones económicas directas. La única obligación estipulada fue una inversión mínima anual de 29.5 millones de pesos por parte del concesionario para mantenimiento e infraestructura, según lo estipulado en el documento oficial del PATR.
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El estadio, que costó cerca de 3,000 millones de pesos, fue edificado en un terreno arbolado y protegido como área verde, lo que ha generado críticas por la transformación de un espacio ecológico en una instalación de uso privado.
La oposición ciudadana crece
Vecinos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, agrupados en un frente ciudadano, entregaron en 2024 una carta a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, solicitando que no se renueve el permiso. Alegan que, en una década, la ciudad no ha recibido beneficios reales, y que la privatización de espacios públicos afecta el acceso equitativo al deporte y al esparcimiento.
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En total, 1,297 ciudadanos de 229 colonias firmaron la misiva, argumentando también los efectos negativos para la salud pública al reducirse los espacios gratuitos para la actividad física, especialmente tras la crisis sanitaria por COVID-19.
¿Y ahora qué sigue?
De no renovarse, el estadio deberá ser devuelto al gobierno capitalino. La decisión sobre su futuro está en manos de la actual administración, que enfrentará presión tanto de grupos ciudadanos como de intereses económicos.
Hasta el momento, la Jefatura de Gobierno no ha emitido una posición oficial sobre la renovación del PATR. Sin embargo, el debate se intensificará conforme se acerque la fecha límite del permiso.