Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, habló públicamente tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra y la de su representante legal, Hipólito Gerardo Cabrera Acosta.
La orden fue girada ayer, martes 28 de octubre, por un juez de la Ciudad de México y está ligada a una disputa por los derechos de transmisión de los clubes Pachuca y León con Fox Sports México. El empresario usó las redes sociales oficiales para defender la reputación del consorcio.
Foto: Mexsport
La declaración pública de Jesús Martínez
Martínez Patiño aseguró que las informaciones surgidas habían “dañado muchísimo la reputación de Grupo Pachuca”. El empresario defendió la trayectoria de su consorcio, insistiendo en la legalidad de sus operaciones a lo largo de 30 años: “Nosotros durante treinta años hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de nuestros contratos... Dan fe de ello nuestros patrocinadores, instituciones, impuestos que también somos muy puntuales en sus pagos…”.
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Martínez concluyó el mensaje reafirmando su confianza en el país: “Seguiremos confiando en México y seguiremos construyendo un México mejor”.
Los motivos de la orden de aprehensión
La orden de aprehensión contra Jesús Martínez y Gerardo Cabrera Acosta se basa en el presunto delito de “desobediencia de particulares”. Según el comunicado de Grupo Pachuca, el proceso se deriva de una disputa por los derechos de transmisión con Grupo Lauman (Fox Sports México), cuyo contrato terminó en mayo de 2024.
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La acusación se fundamenta en que los directivos no acudieron a una audiencia inicial. Sin embargo, Grupo Pachuca alegó que lo hicieron debido a la desproporción de la medida y la posibilidad irregular de ser privados de su libertad con prisión preventiva. El consorcio sostiene que las medidas precautorias en las que se basó la acusación ya han sido suspendidas de forma definitiva.
La defensa de Grupo Pachuca
Grupo Pachuca, encabezado por Jesús Martínez, sostiene que su decisión de no comparecer se tomó para presentar una demanda de amparo indirecto para proteger la libertad de sus directivos y garantizar el debido proceso, ante lo que consideran un uso indebido del sistema judicial. El consorcio confía en que el Poder Judicial rectifique y actúe conforme a derecho.