Con el final del mes de junio parece concluir la euforia incluyente de la diversidad sexual y de género que medios de comunicación, tiendas y empresas visten de arcoíris sus fachadas, también termina la simulación del pinkwashing que se ha venido observando en la última década en que es una fachada con fines comerciales. Pero, para la comunidad LGBTTTIAQ+ la lucha sigue, la resistencia, las batallas contra la discriminación en todas sus expresiones continúa como parte de las fobias y violencia que se es objeto en nuestra cultura, sociedad, políticas públicas, instituciones, empresas, la escuela y la calle.
Para muestra, lo ocurrido el pasado miércoles 5 de julio al interior del Hotel Condesa en la alcaldía Tlalpan, en la habitación 209 donde fue hallada sin vida Natalia una mujer trans de 29 años quien presentaba huellas de haber sido atacada por arma blanca, sumándose a los casi 500 homicidios en personas de la comunidad de la diversidad de las cuales sólo el 1% logran justicia. Ese es el otro lado de la algarabía de la Marcha del Orgullo.
Natalia vuelve a poner en el espacio público y en la agenda LGBTTTIAQ+ el enorme vacío que las políticas públicas han desatendido en materia de protección a la vida y seguridad para una población donde la ley no alcanza para evitar estos crímenes de odio, esta homo y transfobia que en los últimos años se ha incrementado sin que haya una agenda por parte de las instituciones. El silencio ha sido la única respuesta del Estado, la hipocresía de las instancias como CONAPRED que buscan aparecer en la foto masiva del sábado de orgullo y luego ausencia y vacío.
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El transfeminicidio ocurrido en la habitación 209 del hotel Condesa en Tlalpan, expone una realidad sobre un destino manifiesto de las mujeres trans en nuestro país, donde la cultura, inequidad, discriminación, violencia e invisibilización institucional promueven los estados límite, la fragilidad y condena a la marginalidad y precarización de las personas de la comunidad de diversidad sexual en especial a las mujeres y hombres trans que según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en México la violencia y la discriminación contra niños, niñas y jóvenes trans inicia a temprana edad, ya que al no haber políticas públicas, muchas de estas personas son expulsadas de sus casas, de los colegios y las comunidades, como consecuencia de la expresión de sus identidades de género, provocando la precariedad educativa, laboral y de Derechos Humanos, orillando a trabajos sexuales, a la violencia y al mercado de las drogas, que trae consigo una vida corta y violente en promedio viven 35 años.
El reciente caso del crimen contra Natalia es nuevamente, una prueba del desamparo para la comunidad trans, el estado de vulnerabilidad que se vive y se reta a la sobrevivencia quienes logran no ser presa de feminicidas transfóbicos, o de sicarios y abre la discusión sobre la enorme brecha que hay entre el mundo patriarcal y las diversidades en México y América Latina. La condición de desigualdad y vacío legal en cuanto a las garantías humanas, sociales, educativas y laborales para reducir la violencia como la que fue objeto Natalia y las muchas otras mujeres trans que quedan anónimas, olvidadas, sin registro y sin justicia en un sistema que no otorga posibilidades de protección a la vida y la dignidad de las personas.
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La habitación 209 no debe olvidarse y su agresor debe ser juzgado, sentenciado y cumplir su condena ejemplar como el Estado debe de trabajar desde los diversos órganos de Derechos Humanos y protección a la vida para reducir y en un futuro cercano, erradicar las expresiones de violencia por diversidad sexual. Ahí estará la diferencia entre las marcas y empresas que se dicen incluyentes y las políticas económico-laborales reales. Por lo pronto, Natalia es una mujer trans que ya no vivió ni gozó de la protección de sus derechos humanos.
Abramos la discusión: @salmazan71