Con el objetivo de disminuir de manera drástica la generación de residuos y fomentar campañas políticas con un menor impacto ambiental, la diputada local Lorena de la Garza presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) para impedir estrictamente el uso de lonas de plástico como propaganda durante las contiendas electorales en el país.
La legisladora explicó que la propuesta plantea modificar el artículo 250 de la legislación electoral federal, con la finalidad de eliminar la disposición que actualmente permite instalar propaganda en inmuebles particulares aun con la autorización de los propietarios. Esta restricción alcanzaría por igual a partidos políticos, coaliciones, candidatos independientes y servidores públicos de elección popular.
De la Garza señaló que, aunque la normatividad vigente contempla la obligatoriedad del retiro y reciclaje de la propaganda al término de los comicios, en la práctica persisten graves deficiencias para su adecuada recolección y disposición final, lo que provoca que miles de toneladas de desechos plásticos terminen acumulados en calles, alcantarillas y tiraderos municipales.
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"La política debe avanzar hacia formas de comunicación más responsables con el medio ambiente. Si conocemos el destino de miles de lonas que terminan en la basura, es momento de buscar alternativas más sostenibles", expresó la diputada.
El argumento fue la urgencia de detener la contaminación desde su origen, evitando la fabricación masiva de materiales de un solo uso.
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Asimismo, la legisladora indicó que el desarrollo y consolidación de herramientas digitales, redes sociales y otros mecanismos de comunicación modernos permiten mantener un contacto estrecho y efectivo con la ciudadanía sin necesidad de recurrir al uso masivo de propaganda física que daña los ecosistemas.
Como referencia para respaldar la viabilidad de la reforma, De la Garza mencionó que existen experiencias internacionales exitosas donde se han impulsado restricciones similares, como en Quezon City, Filipinas, donde se demostró que es plenamente posible realizar campañas electorales de alta difusión y con menor impacto ambiental sin limitar el debate ni la presentación de propuestas de los candidatos.
Finalmente, sostuvo que la iniciativa busca fortalecer el derecho constitucional de la población a un medio ambiente sano y promover prácticas maduras y sustentables dentro de los procesos democráticos de México.