El Congreso del Estado de Yucatán aprobó una reforma a la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) para modificar el esquema de pago a concesionarios del sistema Va-y-Ven. La medida elimina el cobro por “kilómetros de aire” y establece pagos únicamente por distancias recorridas por las unidades.
Durante la sesión ordinaria, diputados de Morena y del Partido del Trabajo respaldaron el dictamen impulsado por el gobernador Joaquín Díaz Mena. Legisladores señalaron que la reforma busca transparentar el uso de recursos públicos y fortalecer el sistema de transporte.
El diputado Francisco Rosas Villavicencio afirmó que el nuevo modelo permitirá corregir problemas financieros detectados en la operación del transporte público. Por su parte, Alejandro Cuevas Mena sostuvo que el esquema anterior generó pagos sin relación con recorridos reales.
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Según el diagnóstico técnico presentado durante el debate, cada peso ingresado al sistema cubría solo el 41 por ciento de los costos operativos. Los legisladores oficialistas señalaron que la administración pasada mantuvo contratos y mecanismos que afectaron las finanzas de la ATY.
Cuevas Mena expuso que el modelo previo garantizaba pagos por hasta 270 kilómetros diarios, aunque algunas rutas no completaban esos recorridos. Indicó que el esquema operaba en rutas de comisarías y zonas con menor demanda.
Los diputados también cuestionaron contratos firmados a largo plazo para infraestructura del sistema. Durante la discusión citaron el caso del Cetram del norte de Mérida, donde el gobierno comprometió pagos durante 15 años por concepto de renta.
La reforma incluye cambios al artículo 54 de la ley para atender solicitudes del sector taxista. El nuevo texto establece la obligación de contar con pólizas de seguro vigentes para proteger a usuarios, terceros y bienes.
Francisco Rosas indicó que la modificación evita afectar la economía de los trabajadores del volante y mantiene la cobertura obligatoria para las unidades.
La nueva legislación establece cinco ejes para la operación de la ATY. Entre ellos destacan el fortalecimiento de la rectoría estatal, el control de concesiones, el pago por kilómetros efectivamente recorridos, la actualización de coberturas de seguro y la reorganización interna de la agencia.
En contra del dictamen votaron Roger Torres Peniche, Gaspar Quintal Parra y Javier Osante Solís.
El legislador priista acusó un proceso acelerado y señaló posibles violaciones constitucionales. También lamentó que no prosperaran propuestas relacionadas con rutas gratuitas para estudiantes y tarifas sociales para jefas de familia.
La bancada de Movimiento Ciudadano pidió suspender la discusión del dictamen. Javier Osante Solís argumentó que la reforma afecta la autonomía técnica y de gestión de la Agencia de Transporte de Yucatán.
El diputado sostuvo que la Constitución estatal reconoce a la ATY como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que una ley secundaria no puede modificar ese carácter autónomo.