Sergio Oceransky, director de la Fundación Yansa, denunció un recrudecimiento en la estrategia de amenazas, criminalización y difamación desplegada en su contra. Miembros de la organización advierten que este asedio es una consecuencia directa de su labor de acompañamiento a comunidades que defienden la tierra y el territorio, actividad que lo ha colocado bajo la mira de intereses empresariales.
La situación alcanzó un punto crítico el viernes 3 de abril, cuando Oceransky recibió un citatorio para comparecer apenas dos días después ante el Juzgado de Control 11 en Tonalá, Jalisco. Se le acusa de una presunta extorsión en un proceso donde se le ha negado el acceso a la carpeta de investigación; además, los integrantes de Yansa subrayan la irregularidad del caso, pues el defensor nunca ha residido en dicha localidad ni tiene vínculo alguno con la parte denunciante. Pese a estas inconsistencias, el mismo juzgado ya había emitido previamente una orden de aprehensión en su contra.
Paralelamente a la persecución en Jalisco, la organización denunció que la Fiscalía General del Estado de Yucatán ha iniciado diversas carpetas de investigación contra integrantes de las comunidades que Yansa asesora, incluyendo señalamientos directos hacia Oceransky.
Hasta el momento, ninguna de estas indagatorias ha derivado en imputaciones o vinculaciones a proceso, lo que refuerza el argumento de la fundación: se trata de un uso faccioso de la justicia para amedrentar actividades que son legítimas y se encuentran plenamente apegadas a la legalidad.