Ericka Contreras denunció una campaña de odio y amenazas de muerte que escaló al entorno digital tras la vinculación a proceso de Mauricio N. El agresor permanece en prisión preventiva desde 2025 por violencia vicaria y desaparición forzada. Señaló que estas agresiones son financiadas por él desde el centro de reclusión y cuentan con la participación de grupos digitales y figuras públicas.
La Fiscalía General del Estado de Yucatán mantiene abiertas dos carpetas de investigación, la 1734/2025 y la 243/2026, sin registrar avances en las investigaciones. Ericka expuso en rueda de prensa que se han difundido documentos reservados y transcripciones psicológicas de su hija. Aunado a que teme por su vida y la de su hija, Lucía, hoy de siete años de edad.
El asesor jurídico Moisés Velázquez y Gabriela Pérez, del Centro de Justicia Integral para Todxs, señalaron que las instituciones son utilizadas por los agresores para perpetuar la violencia vicaria. Explicaron que la falta de perspectiva de género en las fiscalías permite que denuncias sin sustento legalicen la sustracción de menores. En este caso, el proceso se obstaculiza mediante el uso de recursos institucionales por parte del imputado.
La víctima identificó cuentas específicas en redes sociales, como Red Igualitaria MX y La Dulce Vida Veracruz, como fuentes de los ataques.
A la par, responsabilizó a las autoridades de Yucatán por su integridad física y la de su hija ante el crecimiento de las amenazas.