El Relator Especial de la ONU, Marcos Orellana, visitó Santa María Chi, Yucatán, para constatar los daños ambientales de la megagranja de Kekén, clausurada en septiembre de 2025 pero aún sin plan de reparación integral. Durante el encuentro, recibió testimonios de diversas comunidades mayas que enfrentan luchas similares contra la agroindustria porcina.
"Es un tema de derechos humanos porque la exposición de sustancias peligrosas puede generar vulneración de derechos que están internacionalmente reconocidos como el derecho a la vida, a la salud y a un medioambiente sano”, comentó.
En la reunión se presentó el informe "La toxificación de la Península de Yucatán", que advierte sobre el riesgo crítico para el acuífero debido a la porosidad del suelo kárstico. Además de la contaminación, las comunidades denunciaron el despojo territorial, la falta de consulta previa y la criminalización de defensores, como el caso del comisario Wilberth Nahuat.
Finalmente, el reporte destacó la presión ambiental de la minería a cielo abierto, informando que entre 2018 y marzo de 2025 se autorizaron 362 bancos de materiales pétreos en la región vinculados a las obras del Tren Maya.